Vecinos y sindicatos exigen aumentar la inversión en vivienda en la Comunitat Valenciana a un 2% del PIB
Resaltan la necesidad de implementar un “gran pacto de estado” para regular precios de mercado
En Valencia, sindicatos como UGT-PV y CCOO PV, junto a la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), han solicitado a la Generalitat incrementar la inversión en vivienda pública hasta al menos un 2% del PIB regional. Asimismo, subrayan la importancia de aplicar la Ley de Vivienda estatal en el ámbito autonómico. “En la situación actual, es imprescindible reforzar las políticas públicas relacionadas con la vivienda”, señalan los líderes sindicales.
Ana García y Toni Calero, secretarios generales de CCOO PV y UGT-PV respectivamente, junto a Juan Antonio Caballero, presidente de CAVE-COVA, presentaron el manifiesto ‘Por una vivienda para una vida digna: un derecho de la ciudadanía’. Este documento se enmarca en la campaña ‘Habitatge Digne: Un dret de la ciutadania’, que comenzará en octubre.
Caballero destacó que el manifiesto surge de una preocupación compartida por las organizaciones. “Pasamos de ser reactivos a proactivos, nos involucramos en los problemas para influir en las políticas públicas”, afirmó. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el acceso a una vivienda digna es la principal preocupación de los ciudadanos españoles. Calero señaló que más de la mitad de la población destina entre el 40% y el 60% de su renta al acceso a la vivienda, cuando el indicador debería ser de un 30% máximo.
Actualmente, la sociedad valenciana enfrenta un “déficit en el acceso a la vivienda”, comentó Calero, señalando que la construcción de viviendas ha disminuido drásticamente desde el año 2000. García añadió que, en la última década, el alquiler en la Comunitat Valenciana ha subido un 139%, con el precio del metro cuadrado alcanzando los 12,3 euros, lo que supone que el alquiler de un apartamento puede superar los 1.200 euros, excediendo el salario mínimo interprofesional.
“La vulneración del acceso a una vivienda digna es evidente, especialmente para los más necesitados”, indicó García, recordando a las familias afectadas por la dana de octubre de 2024 y denunciando la insuficiencia de las ayudas al alquiler. El manifiesto propone aumentar el gasto público en vivienda al 2% del PIB regional, lo que equivale a unos 2.760 millones de euros, y enfatiza la necesidad de expansión del parque público de vivienda, actualmente en torno al 2%, por debajo del promedio europeo del 9,3%.
García señaló que la Comunitat Valenciana tiene un gran porcentaje de viviendas vacías, en torno al 14% en 2021, y abogó por su rehabilitación. Por su parte, Calero insistió en un “gran pacto de Estado” para coordinar medidas, empezando por aplicar la Ley de Vivienda estatal en la Comunitat Valenciana, una región donde el 30% de las compras de viviendas son realizadas por extranjeros y los desahucios han aumentado.
La campaña también reivindica el uso de herramientas legales como el derecho de tanteo y retracto, la eliminación de la descalificación de viviendas y programas de ayuda para jóvenes y barrios vulnerables. Caballero criticó la falta de viviendas de emergencia para familias desahuciadas, advirtiendo que en ciudades como Elche, Valencia y Alicante comienzan a formarse zonas comparables a guetos.
Por último, el manifiesto aborda la limitación de viviendas turísticas, especialmente en áreas tensionadas, ya que la segunda comunidad con mayor aumento de alquileres turísticos es la Comunitat Valenciana. García y Caballero subrayaron el impacto de la proliferación de pisos turísticos en la identidad de los barrios. La campaña busca no solo intervenir para regular la vivienda, sino reconocerla como un “Derecho Fundamental”, instando a mantener el tema en primera plana para evitar el aumento de la pobreza.
