La comisión de Urbanismo en Alicante ha dado luz verde a la ampliación de la moratoria para la concesión de licencias a viviendas de uso turístico, incluyendo ahora bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos. Este paso se considera un preludio antes de presentarse en el pleno del Ayuntamiento. La iniciativa recibió el respaldo del PP y del PSPV, mientras que Vox y Compromís optaron por la abstención.
Rocío Gómez, edil del área, subrayó que la ampliación busca asegurar “el acceso a la vivienda para los alicantinos, mantener el equilibrio entre residentes y turistas, y preservar los usos comerciales”, alineándose con el objetivo de que Alicante mantenga su funcionalidad como ciudad y destino turístico. Gómez destacó el desarrollo de estudios para modificar la normativa municipal sobre viviendas turísticas, subrayando un “crecimiento exponencial” en los registros recientes de bloques turísticos, según datos de la Conselleria de Turismo. Así, el equipo de gobierno decidió que es el momento de detenerse y evaluar la situación en su conjunto.
La medida también extiende la suspensión de cualquier tipo de autorización y licencia de obra nueva para alojamientos turísticos, integrando además de las viviendas individuales, a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues. La suspensión será efectiva en todo el término municipal de Alicante durante dos años, a partir del 13 de enero de 2025.
El informe técnico de Urbanismo apunta que no solo las viviendas turísticas independientes generan impactos negativos considerables, sino que también la proliferación de bloques de apartamentos ha aumentado significativamente, contribuyendo a dichos impactos. La comisión decidió extender la moratoria para prevenir consecuencias urbanísticas adversas mientras se estudia la situación a fondo.
El crecimiento de bloques turísticos en Alicante ha sido notable, pasando de ocho en 2018 a 83 en 2025, y las plazas aumentaron de 573 a casi 2,400 en el mismo periodo. Esto ha alterado el uso del suelo residencial, poniendo en riesgo la disponibilidad de vivienda para la población local. La presión sobre servicios públicos y la transformación de barrios también figuran entre los impactos negativos destacados.
Con esta decisión, el Ayuntamiento busca incluir pensiones y albergues en la moratoria para evitar que estas fórmulas faciliten la evasión de las restricciones vigentes y fomenten un aumento encubierto de bloques turísticos.
El PSPV ha manifestado su apoyo condicionado a la propuesta, instando al gobierno de Luis Barcala a implementar soluciones concretas para la vivienda, proteger el comercio, planificar el futuro del alojamiento turístico y combatir la ilegalidad en el sector. Trini Amorós, portavoz adjunta del PSPV, subrayó la necesidad de medidas urgentes y contundentes para afrontar la crisis habitacional, preservar el comercio y asegurar la seguridad jurídica de los inversores.
Rafa Mas, portavoz de Compromís, destacó que Alicante lidera el número de pisos turísticos por habitante en España, e instó a la Concejalía de Urbanismo a actualizar las tasas de agua y basura para estos inmuebles en dos meses, señalando un mayor consumo de agua por parte de turistas. Además, criticó la actuación de Urbanismo ante el aumento de pisos turísticos ilegales desde la última moratoria, indicando inacción por parte del departamento.
