La Generalitat de Valencia ha retirado cerca de 12.000 viviendas turísticas del registro autonómico en el último año y actualmente está procesando 7.000 bajas adicionales. Esto se debe a la implementación de la nueva normativa que regula los apartamentos de uso turístico, los cuales fueron eliminados mayormente por no cumplir con requisitos como el NIF o la referencia catastral. Se espera que el registro esté completamente actualizado para finales de 2025.
Desde que el decreto entró en vigor, se han registrado 8.579 nuevas viviendas, casi duplicando la cifra del periodo anterior. Entre enero y julio de 2025, se sumaron 4.688 viviendas: 3.391 en Alicante, 1.506 en Valencia y 791 en Castellón. Actualmente, en la Comunitat Valenciana hay 94.259 viviendas turísticas registradas.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, destaca que el decreto-ley 9/2024, que regula las viviendas turísticas, ha transformado significativamente este subsector, promoviendo la legalidad, control y sostenibilidad, y combatiendo el intrusismo. Cano subraya que esta normativa ha mejorado la convivencia ciudadana en un contexto de aumento continuo de este tipo de alojamiento.
El plan de inspección turística de 2024 incrementó un 33% las inspecciones a estas viviendas, con más de 450 intervenciones en el programa contra el intrusismo y la economía sumergida. En 2025 se introdujeron inspecciones aleatorias para asegurar el cumplimiento de requisitos legales, tales como la declaración responsable y la compatibilidad urbanística.
Un avance clave de la normativa es que los ayuntamientos pueden ahora ejercer la potestad sancionadora. Localidades como Valencia, Benidorm, Faura, la Font d’en Carròs, Piles y Ayora ya han adoptado esta medida mediante un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Solo Valencia ha recaudado más de 30.000 euros en sanciones en el primer trimestre de su aplicación. Además, se han realizado jornadas formativas y acciones de acompañamiento técnico para facilitar la implementación local del nuevo marco normativo.
