Una jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana, la cual causó 229 muertes y daños millonarios en la provincia de Valencia, ha decidido incorporar al caso todas las grabaciones proporcionadas por la Conselleria de Emergencias del 29 de octubre. Estas grabaciones abarcan tanto la mañana como la reunión del Cecopi, que se inició a las 17:00 horas en el Centro de Coordinación de l’Eliana.
En un auto fechado el 6 de octubre, que es susceptible de recurso, la magistrada explica que decidió añadir las grabaciones, en imagen y sonido, al procedimiento ya que son “clave para la investigación”. Afirma que su inclusión resulta útil debido a las declaraciones recogidas, especialmente las judiciales de los implicados.
La jueza comenta que había solicitado a la Conselleria de Emergencias actas o grabaciones de la reunión del Cecopi del 29 de octubre. No obstante, la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, informó el 4 de marzo que el Cecopi, al no ser un órgano colegiado según la Ley 40/2015, no dispone de un secretario y, por tanto, no existen actas ni grabaciones.
A pesar de ello, se indica que el actual conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, manifestó disposición para proporcionar al Juzgado grabaciones del Cecopi del 29 de octubre. Estas imágenes fueron realizadas por una productora contratada por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE). En esas declaraciones, Valderrama aseguró que en cada reunión se generan “recursos periodísticos”, aunque aclaró que dichas grabaciones no incluyen sonido, desconociendo su relevancia.
Atendiendo a la disposición del conseller para colaborar, la jueza ordenó el 18 de septiembre que se solicitara a Emergencias el envío de cualquier grabación periodística existente, vinculada a la coordinación de la emergencia y en particular al Cecopi.
La jueza recalca la importancia de estas grabaciones, tanto de las imágenes como del sonido, para investigar aspectos como el momento del envío del ES-Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible intervención de individuos no investigados. Además, subraya que los acontecimientos investigados resultaron en la pérdida de 229 vidas y enormes daños, lo que impone a la entidad pública la “obligación de colaboración”.
Las grabaciones también muestran la hora de llegada al Centro de Coordinación de los investigados y la interacción entre ellos, así como anotaciones relacionadas con alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del Pollo, y la vigilancia de bomberos forestales.
Estas evidencias, según la jueza, no solo registran la presencia física de los investigados en el CCE, sino también sus intervenciones durante las reuniones.
