El fiscal del caso de la dana ha manifestado que la decisión de la magistrada instructora, firmada a finales de julio, se ajusta a derecho al negar varias diligencias, entre ellas el cambio de estatus de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de testigo a investigado. Además, el fiscal señala que enfocar la atención en la presa de Forata durante el Cecopi del 29 de octubre no impedía atender otras emergencias.
Este argumento fue presentado en un escrito dirigido a la Audiencia de Valencia, fechado el 17 de septiembre, solicitando la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la acusación popular de Vox contra la decisión de la magistrada, quien había rechazado algunas diligencias propuestas por la entidad Liberum. Esta última también solicitó testimonios de María José Rallo, presidenta de Aemet, y de técnicos vinculados a la presa de Forata.
El fiscal sostiene que la decisión impugnada es legítima y pide que sea ratificada por la Audiencia. Destaca que, según la información proporcionada por la Conselleria de Emergencias e Interior sobre las comunicaciones entre Aemet y la CHJ durante los días del 26 al 30 de octubre de 2024, la Alerta Hidrológica fue activada el 29 de octubre a las 11:45 horas para los municipios ribereños del río Magro. Esta medida seguía las orientaciones del plan especial contra inundaciones de la Comunitat Valenciana y transfirió la coordinación al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
El informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre los desbordamientos detalla que el desembalse en la presa de Forata comenzó entre las 17:00 y 18:00 horas del mismo día, cuando se alcanzó la cota máxima. Sin embargo, el fiscal aclara que tanto el agua liberada por la presa como las lluvias torrenciales en la zona de Turís contribuyeron al desbordamiento del río Magro, complicando determinar el impacto exacto del desembalse en el desbordamiento.
El fiscal también subraya que no es necesario investigar por qué el Cecopi enfocó inicialmente la emergencia del embalse, dado que fue compatible con el monitoreo de otras emergencias en Valencia. La decisión impugnada se basó en un informe de la Guardia Civil y descartó teorías previas sobre un “apagón informativo” y otros rumores no corroborados.
Tras la declaración de Polo, la acusación popular liderada por Valores ha solicitado a la magistrada investigar al presidente de la CHJ, argumentando que su conducta sugiere posibles indicios de criminalidad.
