**Nueva prórroga para la investigación del fraude de la EMT tras seis años sin avances**
El paso del tiempo no ha afectado al juzgado de instrucción número 18 de Valencia, donde el caso del fraude de la EMT ha estado estancado durante seis años sin ningún progreso. Aunque se han enviado algunas comisiones rogatorias, no se ha obtenido respuesta o no se ha actuado sobre las que sí llegaron. Este caso, uno de los fraudes más significativos en la historia de España, representa el mayor robo sufrido por una empresa pública, y ocurrió en Valencia en septiembre de 2019.
Para contextualizar, entre el 3 y el 23 de septiembre de 2019, Celia Zafra, entonces directora de administración de la EMT de Valencia, aprobó la transferencia de 4,2 millones de euros a dos cuentas del Bank of China en Hong Kong. Estas acciones se basaron en correos electrónicos y llamadas de un supuesto abogado de Deloitte que aseguró que Giuseppe Grezzi, presidente de la EMT en aquel momento, había autorizado la compra de una empresa en China. ‘Grezzi’ incluso llegó a comunicarse con Zafra, insistiendo en que la operación debía mantenerse en secreto. A pesar de su experiencia de casi 40 años en la empresa, Zafra transfirió las firmas y documentos de identidad de los apoderados al presunto abogado, quien le devolvió las órdenes de transferencia firmadas. Las transferencias se efectuaron a través de Caixabank, realizando más de una decena de operaciones antes de que el banco, al notar la inusual actividad, se pusiera en contacto con la empresa el 23 de septiembre. Fue entonces cuando Josep Enric Garcia Alemany, gerente de la EMT, detuvo todo al descubrir la estafa. La EMT había sido víctima del conocido fraude del CEO y 4,2 millones de euros se esfumaron, quedando solo unos 150.000 euros en las cuentas de destino.
El caso llegó al juzgado de instrucción número 18 de Valencia, conocido por su lentitud en procesar casos como el Taula o el Imelsa. En 2019, el Consejo General del Poder Judicial ya había investigado a este juzgado debido a las quejas de varios abogados sobre la demora en los procedimientos. En contraste, los aspectos laborales y económicos del caso se resolvieron rápidamente: se determinó que el despido de Zafra era procedente por haber roto la confianza de la empresa al compartir datos personales; además, se la responsabilizó contablemente por las pérdidas de la empresa. Sin embargo, Zafra no dispone de los 4 millones que le reclama el Tribunal de Cuentas.
La investigación penal sobre los responsables sigue paralizada. Aunque tribunales de Hong Kong condenaron a dos ciudadanos chinos, estos nunca fueron localizados. El juez ha enviado comisiones rogatorias a Kenia e Irlanda para indagar sobre los titulares de la cuenta de Gmail empleada para enviar los correos, que imitaba una dirección oficial de Deloitte. Zafra fue convencida de la autenticidad del fraude debido a la naturaleza de los correos y a llamadas en español con acento local. Lamentablemente, ni ella, ni la empresa, ni el banco advirtieron el fraude a tiempo, y el dinero desapareció sin dejar rastro.
