Alicante.
Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, ha resaltado la alianza entre la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía para proteger el trasvase Tajo-Segura. Este esfuerzo busca asegurar con “rigor, ciencia y sostenibilidad” el suministro de agua necesario para los españoles, frente a los planes del Gobierno central de reducir las aportaciones hidrológicas de dicho trasvase.
Estas declaraciones fueron realizadas tras una reunión en la que participaron el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira; el secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo; y Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats). En el encuentro se analizó un informe del Consell que denuncia la “ineficiente gestión de los embalses, la falta de modernización de los regadíos en la cuenca del Tajo y la falta de transparencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por parte del Gobierno central”, según un comunicado de la Generalitat.
Mazón ha enfatizado el “frente común” de estas tres comunidades autónomas en la defensa del trasvase Tajo-Segura: “Confirmamos una unidad de acción institucional que no existía en la pasada legislatura de la Generalitat”. Además, destacó que esta coalición es “un frente riguroso, justo, científico y ecológico para el mantenimiento” del territorio. La iniciativa pretende evitar un “agravio ideológico, político, histórico y sin valor técnico” por parte del Gobierno de España.
El presidente del Consell subrayó la necesidad de defender el acceso al agua para todos los españoles, ya que considera que las propuestas del Ejecutivo central para el trasvase Tajo-Segura están “llenas de contradicciones”.
En cuanto a las decisiones sobre el caudal mínimo del Tajo, Mazón calificó de “arbitraria” la fijación de 8,65 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, argumentando que el Júcar y el Jarama, con mayores caudales naturales, tienen requisitos de caudal mínimo más bajos.
También criticó al Gobierno central por cuestionar el trasvase Tajo-Segura mientras existen otros 17 trasvases importantes en España y señaló la paralización de “obras hídricas estructurales comprometidas”. De los 1.300 millones de euros previstos hasta 2027, afirmó que “no se ejecutarán ni siquiera cien”.
Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y diputada de Ciclo Hídrico, advirtió que el recorte propuesto por el Gobierno central pondría en riesgo los intereses económicos, sociales y medioambientales del territorio, amenazando una infraestructura crucial para la región. En un comunicado tras el encuentro, reafirmó el compromiso de la Diputación para seguir “luchando” por los regantes y agricultores alicantinos, protegiendo los intereses económicos y sociales de la provincia que dependen esencialmente del trasvase Tajo-Segura.
