Dos jueces del Tribunal Constitucional (TC), Ricardo Enríquez y José María Macías, han expresado su desacuerdo con la decisión de este organismo de confirmar la absolución de Miguel López por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Argumentan que durante el juicio en 2019, bajo la presidencia de la magistrada Francisca Bru, se vulneraron los derechos fundamentales de las acusaciones, afectando la equidad del proceso.
Estos jueces han emitido un voto particular en respuesta a la sentencia del TC que revocó la decisión del Tribunal Supremo (TS) de repetir el juicio con un jurado diferente. El Supremo había anulado la absolución de López en mayo de 2022 por supuestos errores procesales en el juicio original, tras la denuncia de que el derecho de defensa del hijo de la víctima se había visto comprometido. Sin embargo, el TC sostuvo que estos errores no causaron indefensión a la acusación.
Los magistrados Enríquez y Macías sostienen que la infracción procesal es relevante y genera una indefensión constitucional a la acusación particular. Señalan que no se otorgó la oportunidad adecuada para que las partes participaran en el proceso ni se realizaron los procedimientos formales correctos antes de la devolución del acta de veredicto del jurado, que además fue destruida, privando a las partes de cualquier revisión.
Critican la actuación de la magistrada-presidenta, señalando una falta de pericia que influenció negativamente al jurado, privando a las partes acusadoras de una defensa efectiva. Además, no ven justificación para considerar la actuación de las acusaciones como pasiva, ya que no tenían la oportunidad procesal adecuada para intervenir.
Asimismo, los jueces consideran inapropiado catalogar como inconstitucionales las resoluciones del TS sobre la revocación motivada de las absoluciones. Advierten que la sentencia reciente del TC envía un mensaje perturbador a los magistrados que dirigen juicios con jurados, al relativizar los procedimientos debidos.
Finalmente, recalcan que la destrucción del acta original generó dudas sobre la validez del veredicto original, afectando la percepción de justicia y equidad del proceso. Según los jueces Enríquez y Macías, las determinaciones del TS habían sido razonadas y fundamentadas en principios jurídicos, no siendo un acto arbitrario, como lo sugiere la sentencia con la que discrepan.
