Valencia, 19 de noviembre.
El 48,3% de las personas que residen en alquiler en la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza, con la vivienda y los salarios insuficientes posicionándose como el “epicentro de la desigualdad”. Estas son algunas de las principales conclusiones del Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana, presentado este miércoles por Marina Sánchez-Sierra Ramos, miembro del equipo técnico de Fundación FOESSA; María Moscardó, referente del informe de FOESSA, y Víctor Mellado, presidente de Cáritas Comunitat Valenciana.
El documento revela un proceso de fragmentación social en el que la clase media está retrocediendo, con muchas familias siendo desplazadas hacia estratos más bajos. Según Sánchez-Sierra, se está observando “un retroceso de las situaciones de integración plena y un aumento de la precariedad”.
El noveno informe de FOESSA detalla que la Comunitat Valenciana exhibe niveles de desigualdad similares a los del resto de España, “que a pesar del crecimiento económico, mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa”. En este contexto, el actual panorama socioeconómico no ha logrado recuperar los niveles de bienestar de 2018, evidenciando un ensanchamiento de la vulnerabilidad social.
Aproximadamente una de cada cinco familias en la Comunitat Valenciana vive en exclusión social y, en 2024, alrededor de 1,3 millones de personas estarán en riesgo de pobreza, lo que representa un 24% de la población, por encima del 19% nacional. “El hecho de que la incidencia apenas haya variado en los últimos seis años nos indica que los procesos de exclusión social se han cronificado”, explica la experta.
El informe, basado en diversos indicadores sobre la situación de las familias encuestadas, muestra que la integración precaria ha aumentado del 32% en 2018 al 37% y la integración plena —sin indicadores de pobreza o exclusión— ha disminuido del 51% al 44%.
En cuanto a la capacidad económica, cuatro de cada diez personas no pueden afrontar gastos imprevistos y el 16% de la población no puede participar con regularidad en actividades de ocio. Además, se ha cuadruplicado el número de personas que no pueden permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada, alcanzando el 18%, y se ha duplicado el número de familias con retrasos en pagos relacionados con la vivienda, situándose en torno al 16%.
LA VIVIENDA COMO “CUELLO DE BOTELLA” EN LA INCLUSIÓN
Según FOESSA y Cáritas, “la exclusión social en la Comunitat Valenciana está impulsada por dos motores principales: la vivienda y el empleo”. La situación en la vivienda expulsa a las personas de un territorio y de una vivienda digna, mientras que el empleo ha perdido su capacidad para revertir esta situación.
Sánchez-Sierra destacó que entre 2018 y 2024 el índice de precios de la vivienda subió un 85% en la Comunitat Valenciana y el precio del alquiler “se ha duplicado” desde 2025, distanciándose significativamente del incremento de los salarios. Valencia se posiciona como el punto más caliente en el mapa de precios, seguida de Alicante.
Esta situación resulta en que 1,2 millones de personas enfrenten dificultades relacionadas con la vivienda. Alrededor de 367.000 hogares gastan tantos recursos en la vivienda y servicios que caen por debajo del umbral de pobreza severa. Además, 400.000 personas viven en viviendas inseguras debido a la inestabilidad en la tenencia y 410.000 en viviendas inadecuadas con problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento. Las entidades advierten que cada vez más familias están viviendo en una sola habitación alquilada.
El informe también revela que más de 38.500 personas no tienen acceso a un sistema de evacuación de aguas residuales en sus viviendas y más de 19.000 personas viven sin agua caliente.
“Esta situación afecta con mayor severidad a los hogares en pobreza y a aquellos encabezados por personas menores de 45 años”, aseguró Sánchez-Sierra. La vivienda es vista como el cuello de botella en la integración social de la Comunitat Valenciana, y debería ser un pilar del estado de bienestar. Para ello, es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica no se traduce en una mejor integración social”, agregó.
EMPLEO
Por otro lado, entre 2018 y 2024, el número de personas ocupadas en la Comunitat Valenciana creció casi un 15% y el salario medio aumentó un 16% entre 2017 y 2023. Sin embargo, aunque los salarios han subido, las familias apenas han ganado poder de compra. “Con la inflación y el coste de la vivienda en aumento, esta mejora es insuficiente”, explicó Sánchez-Sierra.
La precariedad laboral persiste y el 14% de los hogares valencianos enfrentan problemas de exclusión en el empleo, como la inestabilidad laboral grave o la parcialidad involuntaria. El informe estima que en 126.000 hogares valencianos todos los miembros activos están desempleados.
Además, el 10,5% de los trabajadores se encuentra en exclusión social y el informe estima que hay 120.000 personas que tienen un “empleo de exclusión” en sectores como la venta a domicilio, el trabajo temporal o las empleadas del hogar no cualificadas.
NACIONALIDAD, GÉNERO Y EDAD
Marina Moscardó ha explicado que las personas extranjeras enfrentan tasas de exclusión social que duplican a las de personas de nacionalidad española. El 45,5% de los extranjeros están en exclusión social.
La infancia y la juventud son otros factores de vulnerabilidad. La tasa de exclusión entre menores de 18 años es casi cuatro veces mayor que la de las personas mayores de 65 años, y los hogares con menores de edad representan el 63% de la población excluida en la comunidad valenciana. Esto sugiere que “el sobrecosto en las etapas de crianza tensiona los presupuestos y aumenta los riesgos”.
Además, la vulnerabilidad afecta más a los jóvenes, con una tasa de desempleo del 20%. “La fuerte presencia de inestabilidad laboral entre los jóvenes reduce su capacidad de ahorro y emancipación. Además, una vivienda cara y precaria actúa como un embudo”, explicó María.
El género es otro factor determinante: “La exclusión afecta al 29% de los hogares encabezados por una mujer, frente al 18% de los hogares donde el sustentador principal es un hombre”.
PACTO NACIONAL
Para Cáritas y FOESSA, “mantener las mismas políticas y valores nos conduce al colapso social y ecológico”. Proponen construir un nuevo pacto social que ponga la vida en el centro, combata la desigualdad y promueva una ciudadanía inclusiva e intercultural. Reclaman una atención
