Madrid, 24 de noviembre de 2025.
Álvaro García Ortiz, más conocido últimamente como “el fiscal general que filtraba más que una cafetera italiana”, ha decidido dimitir tras su condena por revelación de secretos. Lo hace “por respeto” a las resoluciones judiciales, que, al parecer, se ha acordado de respetar justo después de ser inhabilitado.
En una emotiva carta al ministro Bolaños —que, por cierto, sigue intentando explicar cómo es posible no compartir moralmente una sentencia pero sí acatarla legalmente sin que le explote la cabeza—, García Ortiz ha pedido que le cesen oficialmente. “Gracias por todo, pero hasta aquí hemos llegado. Ya si eso, me llamáis cuando necesitéis filtrar otra cosa”, podría haber dicho si fuera completamente sincero.
La dimisión llega pocos días después de que el Tribunal Supremo le impusiera dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros (que no llega ni para una mariscada institucional) y una indemnización de 10.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso, por andar ventilando sus asuntos fiscales con una alegría propia de una barra de bar.
“Lo dejo por el bien de la Fiscalía”, ha declarado. Bueno, por el bien de la Fiscalía y porque seguir en el cargo inhabilitado iba a ser un poco complicado, incluso para los estándares del Ministerio.
Desde Moncloa ya están buscando sustituto o sustituta. Se barajan nombres como “alguien que no filtre cosas confidenciales” o “candidatos sin sentencia judicial firme”. ¡Altas expectativas!
Por su parte, Bolaños, en una rueda de prensa, aseguró que “el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte”. Frase que ha sido automáticamente nominada al Premio Nacional de Malabares Jurídico-Filosóficos 2025.
La noticia aún está en desarrollo, pero lo que es seguro es que García Ortiz ya puede dedicarse a sus nuevas pasiones: la lectura pausada de sentencias judiciales y el estudio profundo de la palabra “reserva”.
¿Quieres una continuación con Bolaños justificándolo desde una rueda de prensa imaginaria o pasamos al siguiente tema?
