La consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, confirmó en su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada en la que perdieron la vida 229 personas en Valencia, que el Consell de la Generalitat discutió sobre la dana durante la reunión del 29 de octubre de 2024. Camarero subrayó que es necesario aprender de la gestión de la catástrofe.
Durante su declaración, la consellera destacó que su departamento comenzó a trabajar desde las ocho de la mañana, atendiendo todas las llamadas de teleasistencia. Camarero se conectó al Cecopi, a pesar de no ser uno de sus miembros ni tener competencias en Emergencias, para informarse de la situación.
Cuando se le preguntó si se abordó la alerta roja en esa reunión del Consell, Camarero rehusó dar detalles alegando la confidencialidad de las deliberaciones, pero admitió que se discutía sobre el estado de la dana. Reconoció que en el Gobierno valenciano no se hizo todo de manera impecable y que existen lecciones por aprender. La responsabilidad, según ella, no recae únicamente en una parte.
También responsabilizó a los ministerios de Interior y Defensa en la gestión de la dana, señalando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada previamente en algunas áreas y que se solicitaron más efectivos del Ejército en incrementos de 500.
Camarero criticó la tardanza del despliegue por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para movilizar al Ejército y evitar posibles saqueos. Considera que debería existir un marco común para las alertas en comunidades autónomas.
Reflexionando sobre su agenda, Camarero confesó que, con la información disponible hoy, hubiera cancelado su asistencia a una entrega de premios la tarde de la riada, evento al que acudió después de desconectarse del Cecopi entre las 17.02 y las 17.40. El secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, asistió en su lugar.
Respecto a la gestión en su consellería, Camarero confirmó que el 29 de octubre de 2024 se enviaron recomendaciones a residencias y centros de día de la Comunidad Valenciana y se cerraron algunos de ellos. Además, se atendieron todas las llamadas al servicio de teleasistencia, gestionando los recursos según la disponibilidad.
Finalmente, Camarero defendió que el servicio de teleasistencia realizó correctamente sus funciones, aunque 37 personas dependientes fallecieron. Atribuyó la responsabilidad de notificar a las viviendas cercanas al Barranco del Poyo al Ayuntamiento de Picanya, y negó que hubiera habido recortes en políticas de emergencias que pudieran haber afectado la gestión de la catástrofe.
