La jueza de Catarroja, en Valencia, quien está al frente de la investigación sobre el caso de la dana, ha decidido convocar como testigos a los escoltas y al chófer del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esta decisión, solicitada por una acusación particular y respaldada por el grupo Compromís, busca esclarecer lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 entre las 15.00 y las 21.00 horas.
La magistrada ha determinado que es posible que dichos testigos fueran testigos de algunas conversaciones o comentarios entre Carlos Mazón y Salomé Pradas, la entonces consellera de Justicia e Interior, también involucrada en la investigación, junto a Emilio Argüeso, su antiguo segundo al mando. La jueza apoya su decisión en el auto de la Audiencia Provincial que permitió el testimonio de la periodista Maribel Vilaplana, quien ese mismo día compartió un almuerzo con el presidente.
Según el documento emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza resalta como un “hecho indiscutible” el interés de Pradas en mantener contacto con Mazón. Esta afirmación se basa en un acta notarial presentada por su defensa, que clasifica las llamadas realizadas y recibidas, distinguiendo entre las contestadas, canceladas y perdidas.
El análisis detallado del acta notarial revela que una de las llamadas anuladas, la de las 19:10, se registró durante un período de 37 minutos sin comunicación alguna por parte de Mazón. El documento sugiere que estas cancelaciones podrían deberse a que el teléfono estaba apagado, en modo avión o a que el número estuviera bloqueado, sin indicios de problemas técnicos.
El fallo también menciona que la comunicación de Mazón se reanudó a las 19:34 con otra persona, mientras que una nueva llamada de Pradas a las 19:36 también fue cancelada. La jueza señala que la explicación de las cancelaciones no corresponde con la clasificación establecida en el acta notarial.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra enfatiza que, debido al retraso en la respuesta a la alerta, la necesidad de Pradas de comunicarse con el presidente era cada vez más urgente. Esto queda demostrado por las llamadas “canceladas” realizadas a las 16:29, 19:10 y 19:36. Finalmente, una llamada del presidente a Pradas a las 20:10 precedió en un minuto el envío del sistema Es-Alert.
El tribunal considera que es necesario profundizar en los detalles de estas comunicaciones y las circunstancias de esos momentos críticos. Por ello, requerirá a la Mesa de Les Corts que suministre la identificación de los testigos, chófer y escoltas, según lo solicitado por Compromís. Sin embargo, la jueza no considera pertinente citar a los bedeles del Palau de la Generalitat, dada la baja probabilidad de que hayan escuchado alguna comunicación relevante.
Adicionalmente, ya se ha ordenado obtener imágenes de la llegada de Carlos Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias, documentando la hora exacta de su arribo. También se han remitido diversos informes de la Conselleria de Emergencias a las partes implicadas, en respuesta a los requerimientos judiciales.
