Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia, previstas para activarse el 1 de diciembre, iniciaron su funcionamiento de manera ineficaz, ya que la no aprobación de la ordenanza por el pleno del Ayuntamiento impidió que las más de 270 cámaras instaladas pudieran sancionar a los infractores. La falta de acuerdo entre los grupos municipales en la sesión extraordinaria de hoy volvió a frenar la situación, al igual que ocurrió en las sesiones de noviembre y octubre, donde Vox cambió su postura tras apoyar la medida en cinco ocasiones anteriores.
Aunque las cámaras y sus sistemas informáticos están operacionales, ningún vehículo con etiqueta A de fuera de la provincia de Valencia ha sido sancionado. Esto se debió a la hoja de ruta acordada con la UTE adjudicataria y la decisión de la Junta de Gobierno Local de poner en marcha el sistema a pesar de la falta de un marco legal.
El objetivo principal de estos equipos es monitorizar el tránsito de vehículos, identificando sus etiquetas y procedencia para elaborar estudios estadísticos sobre movilidad. Esta medida busca evaluar el impacto de políticas para promover la movilidad sostenible, como el aumento de transporte público, nuevos carriles bici y la promoción de la accesibilidad peatonal.
El servicio de Movilidad ha supervisado la implementación de este contrato, como parte de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante Next Generation EU, siguiendo el calendario planeado que comenzó el 1 de diciembre.
El sistema contempla la instalación de equipos para controlar el tráfico en la ZBE y medir la contaminación atmosférica. Además, se han extendido redes eléctricas y de telecomunicaciones para alimentar estos equipos. También se han proporcionado y desarrollado los sistemas informáticos necesarios para gestionar y operar el sistema desde el Centro de Gestión del Tráfico del Ayuntamiento y otras ubicaciones. Finalmente, se ha desarrollado un sistema avanzado para monitorizar la calidad del aire y entender la relación entre los patrones de movilidad y la calidad ambiental, permitiendo una gestión eficaz y segura de la ZBE.
