5 de diciembre de 2025
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La Generalitat reforma la Ley de Función Pública para acelerar nombramientos y reducir temporalidad

La Generalitat implementará cambios en la Ley de Función Pública para facilitar la cobertura de puestos y disminuir la temporalidad, según informó la administración autonómica a los sindicatos en la Mesa General de Negociación I, dirigida al personal funcionario, estatutario y laboral, que tuvo lugar este lunes.

La consellera de Justicia y Administración Pública en funciones, Nuria Martínez, subrayó la necesidad de adaptar la Ley de Función Pública con el fin de convertirla en una administración más realista y ágil. Con esta modificación, se pretende acelerar los procedimientos para cubrir vacantes y asegurar una prestación eficiente del servicio público en el menor tiempo posible.

Dentro del proyecto de decreto ley de medidas urgentes contra la hiperregulación y para agilización de procedimientos, se prevé enmendar el apartado 6 del artículo 18, el artículo 55, la disposición adicional 32 y la transitoria 13 de la Ley de Función Pública. La modificación del artículo 18.6 busca proporcionar una cobertura inmediata a las vacantes mediante la agilización en la constitución de bolsas de empleo temporal, considerando solo los resultados de los procesos selectivos.

La consellera destacó que el objetivo es simplificar procedimientos y optimizar la eficiencia administrativa. Los cambios en la disposición adicional 32 facilitarán la provisión de puestos por personal del sector sanitario, particularmente en servicios sociales y centros de evaluación para personas con discapacidad, mediante un concurso de méritos de carácter extraordinario para garantizar la continuidad y calidad de los servicios asistenciales.

Además, se introduce una nueva disposición adicional, la 35, que permite aumentar hasta un 20% el número de plazas en las convocatorias de pruebas selectivas, las cuales serán cubiertas por quienes aprobaron el proceso selectivo pero no obtuvieron plaza. Esta medida busca mejorar el control de la temporalidad en el empleo público y optimizar la planificación y cobertura de vacantes sin necesidad de convocar nuevos procesos selectivos, según explica Martínez.

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