La conocida como Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, permitió que descendientes de españoles exiliados solicitaran la nacionalidad española. Mientras el Gobierno la defiende como una medida de reparación histórica, PP y Vox sostienen que puede alterar el censo electoral de cara a las próximas elecciones generales.
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La Ley de Nietos vuelve al foco político en plena precampaña
Una norma aprobada hace casi cuatro años ha pasado de ser una herramienta de reparación histórica a convertirse en uno de los asuntos más controvertidos del debate político.
La denominada Ley de Nietos, incorporada como la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, facilita el acceso a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Ahora, a las puertas de unas nuevas elecciones generales, su posible impacto sobre el censo electoral enfrenta al Gobierno con la oposición.
Quién podía acogerse a la Ley de Nietos
La norma abrió un procedimiento extraordinario para que pudieran obtener la nacionalidad española de origen tres grandes grupos:
- Descendientes de españoles exiliados que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por motivos políticos, ideológicos, religiosos o por razones relacionadas con su orientación o identidad sexual.
- Hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con ciudadanos extranjeros antes de la Constitución de 1978.
- Hijos mayores de edad de personas que ya obtuvieron la nacionalidad gracias a esta ley o a la Ley de Memoria Histórica de 2007.
El plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó el 23 de octubre de 2025, aunque miles de expedientes siguen en fase de resolución.
Más de 800.000 solicitudes y cientos de miles de nacionalidades concedidas
La medida ha tenido una enorme repercusión internacional, especialmente en países con una fuerte emigración española como Argentina, Cuba o Venezuela.
Según los datos difundidos por el Gobierno, se han registrado cientos de miles de expedientes y continúan resolviéndose solicitudes presentadas dentro del plazo legal.
Obtener la nacionalidad española permite acceder al pasaporte español, residir y trabajar en la Unión Europea y, si se cumplen los requisitos legales de inscripción en el censo electoral de residentes en el extranjero, ejercer el derecho al voto en elecciones generales.
Por qué PP y Vox hablan de “ingeniería electoral”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la aplicación de la ley podría incrementar el número de electores en varios millones de personas y ha calificado esta situación como una posible “ingeniería electoral”.
Desde Vox también se han mostrado muy críticos, llegando a denunciar que el aumento del censo podría influir en el reparto de escaños en determinadas circunscripciones.
Ambos partidos sostienen que, si llegan al Gobierno, estudiarán modificaciones en la normativa sobre nacionalidad para introducir nuevos requisitos y reforzar los controles administrativos.
La respuesta del Gobierno
El Ejecutivo rechaza de forma tajante esas acusaciones y sostiene que la finalidad de la Ley de Memoria Democrática es reparar una situación histórica sufrida por quienes perdieron la nacionalidad como consecuencia del exilio y la represión franquista.
Además, recuerda que obtener la nacionalidad no implica automáticamente alterar procesos electorales y que el reconocimiento responde a principios de justicia, memoria y reparación recogidos en la propia ley.
¿Puede afectar realmente a las próximas elecciones?
Es indudable que cada nueva nacionalidad española puede ampliar potencialmente el número de ciudadanos con derecho a voto, siempre que se cumplan los requisitos legales para ejercer ese derecho.
Sin embargo, el efecto electoral concreto es incierto. No existe evidencia pública que permita concluir cuántos de los nuevos nacionales se inscribirán en el censo electoral, cuántos votarán realmente o hacia qué opciones políticas dirigirán su voto. Las estimaciones sobre su posible impacto forman parte del debate político y no constituyen un hecho demostrado.
Según los últimos datos oficiales disponibles, la magnitud de la conocida como Ley de Nietos (Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática) es la siguiente:
- 2,45 millones de personas manifestaron su interés en acogerse a la ley antes de cerrarse el plazo en octubre de 2025.
- Más de 1,2 millones de expedientes llegaron a presentarse formalmente en los consulados españoles de todo el mundo.
- 544.722 personas ya habían obtenido la nacionalidad española al amparo de esta norma (datos actualizados a finales de junio de 2026).
¿De dónde proceden la mayoría de solicitudes?
Los países con mayor número de peticiones son:
- Argentina (casi el 40% del total).
- Cuba.
- México.
- Venezuela.
- Otros países de América Latina con una importante emigración española.
¿Se pueden presentar nuevas solicitudes?
No. El plazo para acogerse a esta vía finalizó el 22 de octubre de 2025. Lo que continúa durante 2026 es la resolución de los expedientes presentados dentro del plazo legal.
En resumen:
| Concepto | Cifra aproximada |
|---|---|
| Personas interesadas | 2,45 millones |
| Expedientes presentados | 1,2 millones |
| Nacionalidades concedidas | 544.722 |
Estas cifras siguen aumentando en el apartado de nacionalidades concedidas, ya que todavía quedan cientos de miles de expedientes pendientes de resolución.
qué provincias españolas tendrían un mayor impacto potencial por el origen de los descendientes que están obteniendo la nacionalidad, la respuesta está directamente relacionada con las grandes oleadas migratorias hacia América de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX.
Las principales serían:
- A Coruña
- Pontevedra
- Lugo
- Ourense
Galicia concentra con diferencia la mayor parte de la emigración histórica a países como Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela, por lo que es la comunidad autónoma donde más descendientes pueden acogerse a esta vía de nacionalidad.
Después destacan:
- Asturias
- León
- Zamora
- Salamanca
- Cantabria
- Santa Cruz de Tenerife
- Las Palmas
- Almería
- Jaén
- Granada
¿Y desde el punto de vista electoral?
El impacto no depende tanto de cuántos descendientes procedan de una provincia, sino de dónde están inscritos para votar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que se asigna al municipio y provincia del último ascendiente español. Por ello, las provincias con mayor emigración histórica son las que previsiblemente incorporarán más nuevos electores.
En el debate político de estos días también se está señalando que, si el voto exterior resulta decisivo, las provincias pequeñas con pocos escaños podrían notar más cualquier variación del censo que las grandes circunscripciones. Esa es una hipótesis política que se está discutiendo, aunque no existen datos oficiales que demuestren qué provincias concretas cambiarían de resultado electoral.
En resumen, las provincias potencialmente más afectadas por número de nuevos nacionales serían las gallegas (especialmente A Coruña y Pontevedra), seguidas por Asturias, León, Zamora, Salamanca, las dos provincias canarias y algunas andaluzas con fuerte tradición emigrante. El efecto electoral real dependerá de cuántos de esos nuevos ciudadanos se inscriban en el censo y ejerzan finalmente su derecho al voto.
