Compromís celebra la decisión del Gobierno de permitir a los ayuntamientos destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles, aunque considera que la reforma es insuficiente.
Compromís ha expresado su satisfacción por la aprobación del decreto ley que finalmente permite a los municipios utilizar su superávit para inversiones financieramente sostenibles. Según la coalición, esta rectificación representa “un paso en la dirección correcta” tras años en que las limitaciones impidieron a estas entidades utilizar los recursos generados por su buena gestión.
La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, durante una rueda de prensa en Valencia junto con la portavoz en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, destacó que “los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y trabajan a diario en la vida cotidiana de las personas. Era esencial que los consistorios con cuentas saneadas pudieran invertir su superávit en proyectos que mejoren la vida en nuestros pueblos y ciudades”.
Micó subrayó que estas inversiones “no afectan el gasto corriente y permiten ejecutar proyectos necesarios que estaban paralizados por una normativa injusta”. Además, recordó que Compromís lleva años demandando esta flexibilidad, y que la decisión del Gobierno “corrige una postura que había limitado la acción política de las administraciones no centrales”.
Dolors Gimeno explicó que Compromís aboga por una reforma profunda de la Ley de estabilidad presupuestaria para que los municipios puedan utilizar libremente sus fondos, sin tener que dedicarlos casi exclusivamente a amortizar deuda. “Si un ayuntamiento ha hecho bien su gestión y tiene superávit, debe poder destinarlo a áreas como servicios sociales, vivienda, transición ecológica o proyectos estratégicos para su municipio, y no quedar restringido por una regla de gasto obsoleta”, afirmó.
Gimeno también subrayó la importancia de “más libertad, pero también más transparencia y rendición de cuentas”. Esto implica, según detalló, establecer mecanismos estables para que el uso de los ahorros de los ayuntamientos siempre esté ligado a planes públicos de inversión, priorizando servicios esenciales y con una fiscalización clara para que la ciudadanía sepa en qué se invierte. “Así se garantiza que cada euro de superávit se traduzca en mayor cohesión social y mejor calidad de vida en nuestros municipios”, señaló la portavoz.
Sin embargo, los valencianistas advierten que la rectificación del Gobierno “se queda corta” si no va acompañada de cambios en la distribución de la capacidad de endeudamiento entre las administraciones. Micó insistió en que “no tiene sentido que el Gobierno central retenga el 90% de la capacidad de endeudamiento cuando son las comunidades autónomas quienes sostienen el estado del bienestar y gestionan los servicios públicos esenciales”.
Compromís defiende que se debe modificar la senda del déficit para permitir que las autonomías dispongan de la capacidad de endeudamiento necesaria. “Nuestra propuesta era que, en promedio, alrededor del 60% del endeudamiento correspondiera a las comunidades autónomas. En el caso de territorios infrafinanciados, como la Comunidad Valenciana, reclamábamos que este porcentaje alcanzara el 90%. No podemos seguir aceptando un sistema que perpetúa desigualdades”, afirmó Micó.
La diputada valenciana reiteró que continuará exigiendo la reforma del sistema de financiación autonómica para garantizar el nivel adecuado y permitir a todas las comunidades atender sus competencias correctamente. “No sirve que vuelvan a presentar el mismo decreto esta semana; si la ministra Montero y el Gobierno quieren nuestro apoyo, deberán cambiar la senda del déficit e incrementar la capacidad de deuda disponible para las autonomías”, concluyó Micó.
