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La Sindicatura de Comptes estima en 30 millones la posible pérdida de fondos europeos por la no aprobación de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
La falta de aprobación de la normativa para implementar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia ha generado incertidumbre sobre millones de euros que el Ayuntamiento podría tener que devolver al Ministerio de Transportes o a la Comisión Europea. La Sindicatura de Comptes ha calculado que el impacto económico para las arcas municipales si no se aprueba esta medida ambiental en enero de 2026 sería de 31 millones de euros.
El organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas ha emitido un informe en el que evalúa el estado de las diferentes ZBE de la Comunitat. Aunque el estudio se elaboró en marzo, el síndic de Comptes destaca el conflicto surgido en el Ayuntamiento tras la negativa de Vox a aprobar la medida en el pleno del 28 de octubre, pese a haberla respaldado en cinco votaciones anteriores.
El ente fiscalizador advierte que esta situación compromete la entrada en vigor de las restricciones previstas para el 31 de diciembre de 2025, una fecha comunicada al Ministerio de Transportes en junio de 2025, que contemplaba la culminación de dos líneas de crédito gubernamentales para la ZBE. Estas partidas incluyen la “Implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad de Valencia”, con un financiamiento de 6.936.469 euros, y la “Actuación complementaria para la implementación de una ZBE”, con 1.629.523 euros.
El informe añade que si la ZBE no está operativa el 1 de enero de 2026, el Ayuntamiento podría infringir el artículo 57 de la Ley General de Subvenciones, considerado como infracción “grave” por incumplir las condiciones establecidas al alterar los objetivos para los que se otorgó la subvención. Esto podría resultar en una multa proporcional al doble de la cantidad recibida indebidamente, lo que pondría en riesgo unos 17,1 millones de euros, considerando que las ayudas ascienden a aproximadamente 8,5 millones de euros.
El síndic de Comptes señala que el riesgo de reintegro se limita a las acciones directamente vinculadas con la ZBE, dado que, aunque el contrato subvencionado podría ejecutarse por completo para el 31 de diciembre de 2025, todavía podría interpretarse que el proyecto de movilidad sostenible no está concluido sin la ZBE en funcionamiento.
De acuerdo con la información de LAS PROVINCIAS, las “actuaciones directamente relacionadas con la ZBE” podrían llevar al Ayuntamiento a devolver 14 millones de euros más al Ministerio de Transportes, ya que ha recibido siete millones semestrales en ayudas al transporte público del ministerio liderado por Óscar Puente.
Las cifras sobre la posible pérdida de fondos varían según los criterios empleados. Según publicó LAS PROVINCIAS, el Ayuntamiento recibió subvenciones por 58 millones de euros para la ZBE, que podrían tener que ser devueltos, además de enfrentar una sanción de hasta tres veces esa cantidad. El Ayuntamiento estudia una multa del mismo monto, a lo que se sumarían cerca de 20 millones de ayudas al transporte, totalizando una pérdida de 150 millones de euros.
La alcaldesa María José Catalá ha declarado que está dispuesta a defender la ZBE en los tribunales, argumentando que se han implementado los mecanismos técnicos, como las cámaras, desde el 1 de diciembre, aunque no puedan imponer sanciones por no haberse aprobado la ordenanza.
El desenlace dependerá de las decisiones del Ministerio, mientras la situación sigue evolucionando. La batalla está en curso.
