El Ayuntamiento de Torrent deberá devolver 308.262 euros a la Generalitat Valenciana tras no justificar correctamente una subvención destinada a programas de servicios sociales. Además, el consistorio tendrá que abonar 4.512 euros en intereses de demora por no haber utilizado los fondos dentro del plazo establecido.
La pérdida de esta financiación afecta a ayudas sociales consideradas esenciales, como la atención a personas con discapacidad, a enfermos crónicos de salud mental y a otros colectivos especialmente vulnerables.
Un contrato-programa firmado en 2021
El origen del conflicto se remonta al 3 de diciembre de 2021, cuando la entonces vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y el exalcalde de Torrent, Jesús Ros, firmaron el contrato-programa de servicios sociales entre ambas administraciones.
Este acuerdo cubría el periodo 2021-2024 y contemplaba, para el ejercicio 2023, la puesta en marcha de diversos programas sociales incluidos en la línea T1331, con una dotación total de 327.979,44 euros, transferidos al Ayuntamiento el 13 de septiembre de 2023.
El único requisito era justificar el uso efectivo del dinero recibido.
Solo se justificaron 24.299 euros
Sin embargo, según una resolución emitida el 7 de enero de 2026 por la Dirección Territorial de Servicios Sociales de Familia e Infancia, el Ayuntamiento de Torrent solo justificó 24.299,44 euros del total recibido en 2023.
Esto implica que más de 303.000 euros no fueron utilizados ni correctamente justificados, lo que ha motivado que la Generalitat reclame ahora la devolución del importe no ejecutado, junto con los intereses legales calculados al 3,25 %.
Críticas de la oposición
El portavoz del grupo municipal Compromís-Podem-EUPV, Xavier Martí, ha calificado el hecho como “muy grave” y ha denunciado una “absoluta falta de previsión y sensibilidad social” por parte del gobierno local.
Según Martí, los fondos perdidos estaban destinados a servicios básicos esenciales, como programas de atención a la diversidad funcional, apoyo a personas con problemas crónicos de salud mental, promoción de la autonomía personal y atención comunitaria a personas sin recursos.
El portavoz ha cargado además contra el actual gobierno municipal de PP-Vox, al que acusa de centrarse en “la foto y la autopromoción de proyectos futuros sin financiación”, mientras se abandonan programas sociales que “tenían financiación garantizada y obligación legal de ejecutarse”.
Impacto directo en los colectivos vulnerables
La devolución de la subvención supone, en la práctica, que centenares de personas y familias de Torrent no recibirán ayudas sociales ya aprobadas y financiadas, en un contexto de creciente demanda de servicios públicos de atención social.
Desde la oposición advierten de que el perjuicio no es solo económico, sino también social y humano, y reclaman explicaciones políticas sobre por qué no se ejecutaron unos recursos ya disponibles.
