La regidora de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado su dimisión después de que salieran a la luz presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en una promoción situada en la Playa de San Juan. La edil, adjudicataria de uno de los pisos, ha decidido apartarse del cargo para no interferir en la investigación, según ha explicado.
La renuncia se produce en un contexto de máxima presión política y mediática y supone la segunda dimisión en el Ayuntamiento de Alicante relacionada con este mismo proceso. Horas antes, también había presentado su renuncia la directora general de Organización Interna. Además, en la promoción figuran como adjudicatarios dos hijos y un sobrino de la regidora, un hecho que ha intensificado la polémica.
“Para no interferir en la investigación”
Gómez ha señalado que ha aportado toda la documentación requerida y que su decisión busca facilitar que el procedimiento continúe “sin ningún tipo de interferencias”. La edil se encuentra, además, de baja por maternidad, circunstancia que ha mencionado al anunciar su salida del cargo.
La regidora ha comunicado que presentará oficialmente la dimisión en los próximos días, poniendo fin a dos años y ocho meses de trayectoria en el gobierno municipal.
Inscripción previa a su etapa política
Arquitecta de profesión y nacida en 1993, Rocío Gómez ha defendido que se inscribió en la cooperativa de viviendas antes de entrar en política, en 2023, y que figuraba como cooperativista número 18 de la promoción de vivienda protegida en la Playa de San Juan.
La oposición eleva la presión
Para los grupos de la oposición, la dimisión no es suficiente y reclaman que se depuren todas las responsabilidades políticas derivadas del proceso de adjudicación. El caso mantiene abierta la investigación administrativa y política en el Ayuntamiento, mientras crece la exigencia de transparencia en la gestión de la vivienda pública en la ciudad.
La salida de Rocío Gómez deja un vacío en una de las áreas clave del consistorio y abre una nueva etapa marcada por la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en la gestión urbanística municipal.
