El Tribunal Supremo ha anulado parte de la normativa estatal que obligaba a registrar todas las viviendas turísticas y alquileres temporales anunciados en plataformas online como Airbnb o Booking.com.
La decisión supone un importante cambio en la regulación del alquiler vacacional en España y afecta directamente al registro nacional impulsado por el Gobierno desde julio de 2025.
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Qué era el Registro nacional de viviendas turísticas
La normativa estatal obligaba desde el 1 de julio de 2025 a registrar todas las viviendas y habitaciones destinadas al alquiler temporal que se anunciaran en plataformas digitales.
El objetivo era crear una base de datos nacional coordinada por el Ministerio de Vivienda para controlar mejor la actividad turística y combatir posibles irregularidades.
Hasta ahora, tanto el Ministerio de Vivienda como el de Consumo exigían que los anuncios online incluyeran obligatoriamente un número de registro estatal.
El Supremo considera que invade competencias autonómicas
La sentencia del Tribunal Supremo considera que el registro estatal invadía competencias que corresponden a las comunidades autónomas.
Según el fallo, las autonomías ya cuentan con sus propios registros turísticos y son ellas quienes tienen transferidas la mayor parte de las competencias sobre vivienda y turismo.
El tribunal entiende que la Administración central puede coordinar directrices generales, pero no regular todos los detalles administrativos del registro turístico.
Qué cambia ahora para las viviendas turísticas
La anulación no significa que desaparezcan las obligaciones legales para los propietarios.
Los apartamentos turísticos seguirán teniendo que cumplir:
- La normativa autonómica
- Los registros turísticos regionales
- Las ordenanzas municipales
- La aprobación de la comunidad de propietarios cuando sea obligatoria
Lo que desaparece es la obligación de inscripción en el registro estatal único.
Las sanciones podrían quedar anuladas
Otro de los aspectos importantes del fallo es que las sanciones impuestas por incumplir el registro estatal podrían decaer.
Según explica la OCU, tanto particulares como plataformas digitales podrían recurrir multas relacionadas exclusivamente con la ausencia de inscripción en el registro nacional.
Esto afectaría especialmente a expedientes abiertos contra propietarios de viviendas turísticas y grandes plataformas de alquiler vacacional.
Más de 329.000 viviendas turísticas en España
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente existen alrededor de 329.764 viviendas de uso turístico en España.
La regulación de este mercado se ha convertido en uno de los grandes debates políticos y sociales debido al impacto del alquiler turístico sobre el precio de la vivienda y la disponibilidad de alquiler residencial.
La OCU pide una regulación clara y coordinada
La OCU insiste en la necesidad de crear una regulación estable que aporte seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos.
La organización considera fundamental aumentar la oferta de vivienda destinada al alquiler de larga duración y reclama mayor coordinación entre administraciones públicas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.
Además, recuerda que el futuro Plan Estatal de Vivienda será clave para agilizar fondos y facilitar la creación de más vivienda asequible en toda España.
