Vecinos y colectivos cuestionan el despliegue de grandes instalaciones fotovoltaicas en el Valle del Guadalhorce y alertan del impacto sobre el paisaje, el suelo agrícola y la biodiversidad

La transición hacia las energías renovables se ha convertido en uno de los grandes objetivos energéticos de España, pero su desarrollo empieza a provocar una pregunta incómoda en numerosos municipios rurales: ¿hasta dónde se puede transformar el territorio para producir energía considerada limpia?

En Coín (Málaga), la cuestión ha terminado provocando una importante contestación vecinal contra la implantación de grandes plantas fotovoltaicas en el municipio y su entorno.

Los colectivos contrarios a los proyectos denuncian que el desarrollo previsto puede transformar cientos de hectáreas de paisaje rural mediante paneles solares, vallados, caminos de servicio, centros de transformación y líneas eléctricas.

La protesta ha adquirido especial intensidad en el entorno de La Jara, donde vecinos y organizaciones han protagonizado movilizaciones contra los proyectos.

Hasta 728 hectáreas de ocupación directa

Según los datos difundidos por los colectivos opositores y recogidos por diferentes medios, el conjunto de instalaciones proyectadas supondría alrededor de 728 hectáreas de ocupación directa, mientras que la superficie afectada desde el punto de vista paisajístico podría alcanzar aproximadamente 1.950 hectáreas.

Los afectados sostienen que analizar individualmente cada instalación ofrece una imagen incompleta y reclaman que se estudie el impacto acumulativo de todos los proyectos fotovoltaicos previstos en el territorio.

No se trata únicamente de una discusión sobre el aspecto visual del paisaje.

Entre las preocupaciones planteadas aparecen la eliminación de vegetación, los movimientos de tierra, la erosión, las alteraciones en las escorrentías, el consumo de agua asociado al mantenimiento de las instalaciones y la afección sobre la fauna.

Orla Solar II: 49,11 MW y declaración de utilidad pública

Uno de los proyectos que demuestra la magnitud del despliegue es Orla Solar II.

La planta dispone de 49,11 MW de potencia instalada y afecta a los términos municipales de Coín, Casarabonela y Pizarra.

El proyecto obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable en enero de 2023 y posteriormente recibió autorización administrativa para su construcción.

Pero el procedimiento administrativo ha avanzado todavía más.

El 5 de mayo de 2025, la Dirección General de Política Energética y Minas declaró de utilidad pública la instalación y sus infraestructuras de evacuación.

Esta declaración tiene consecuencias especialmente importantes para los propietarios afectados, ya que la legislación eléctrica permite establecer determinadas ocupaciones y servidumbres necesarias para desarrollar la infraestructura.

Y durante 2026 el procedimiento ha llegado al levantamiento de actas previas y a la urgente ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de Orla Solar II.

El conflicto va mucho más allá de estar a favor o en contra de las renovables

La polémica de Coín pone sobre la mesa un debate que se está extendiendo por numerosos municipios españoles.

Los vecinos que protestan no necesariamente cuestionan la utilización de energía solar. Lo que cuestionan es el modelo utilizado para producirla.

Una instalación sobre el tejado de una vivienda, una nave industrial o un aparcamiento no tiene las mismas consecuencias territoriales que una planta formada por miles de módulos extendidos sobre grandes superficies rurales.

Ahí aparece una de las grandes contradicciones que denuncian los colectivos.

España necesita incrementar la generación renovable para reducir las emisiones y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, pero la construcción de grandes instalaciones también puede producir impactos ambientales y territoriales que deben evaluarse.

Ser renovable, por tanto, no significa automáticamente carecer de impacto ambiental.

El paisaje también forma parte del medio ambiente

El conflicto de Coín plantea además una cuestión que durante años permaneció en segundo plano dentro del debate energético: el paisaje.

Los grandes parques fotovoltaicos necesitan superficie.

Además de los paneles, requieren accesos, cableado, subestaciones, vallados y líneas de evacuación.

Cuando varias instalaciones se concentran en un mismo territorio, el resultado puede ser una transformación profunda de un paisaje agrícola que llevaba décadas —o siglos— configurándose de otra manera.

Para los promotores, estas infraestructuras permiten generar electricidad renovable y contribuir a la descarbonización.

Para numerosos vecinos, sin embargo, determinadas concentraciones de plantas terminan convirtiendo el campo en lo que describen como polígonos energéticos.

Ese es precisamente el núcleo de la batalla que se libra en Coín.

¿Por qué no llenar primero los tejados?

La controversia abre inevitablemente otra pregunta.

Antes de ocupar grandes extensiones agrícolas, ¿se está aprovechando suficientemente la enorme superficie disponible en tejados de viviendas, edificios públicos, centros comerciales, aparcamientos y polígonos industriales?

El autoconsumo distribuido también presenta dificultades técnicas y administrativas y no puede sustituir por sí solo toda la generación eléctrica necesaria.

Pero sus defensores consideran que permitiría producir una parte significativa de la electricidad cerca del lugar donde se consume y reducir determinadas necesidades de ocupación territorial.

La discusión, por tanto, no tiene por qué plantearse como energía solar sí o energía solar no, sino como una elección sobre dónde, cómo y a qué escala deben construirse las instalaciones.

Una transición energética que también necesita territorio

España se encuentra ante un desafío considerable.

Debe producir más electricidad renovable para electrificar el transporte, la industria y la climatización y reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles.

Pero cada megavatio necesita finalmente una ubicación física.

Y ahí aparece el conflicto.

La transición energética puede reducir determinados impactos ambientales globales mientras genera nuevos impactos locales que afectan directamente a quienes viven en los territorios donde se instalan las infraestructuras.

Coín se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de esa tensión.

El debate ya no consiste únicamente en decidir cuánta energía renovable necesita España.

La pregunta que empieza a escucharse con fuerza en el campo es otra:

¿cuánto territorio estamos dispuestos a transformar para conseguirla?