Compromís reclama la paralización de los trabajos en Carlos Cortina y Encarna Albarracín, mientras el Ayuntamiento sostiene que existen títulos habilitantes y ha solicitado un informe jurídico para aclarar uno de los casos

La transformación de bajos comerciales en alojamientos turísticos vuelve a provocar un conflicto vecinal en Benicalap. Dos comunidades próximas, situadas en las calles Encarna Albarracín y Carlos Cortina, han denunciado actuaciones en sus edificios que, según aseguran, afectan a elementos comunes y se están desarrollando pese a su oposición.

El asunto ha provocado además un nuevo enfrentamiento político en el Ayuntamiento de Valencia. Compromís per Valencia acusa al gobierno municipal de PP y Vox de no haber actuado con suficiente rapidez y reclama la paralización cautelar de los trabajos. El consistorio, por su parte, sostiene que la situación administrativa es más compleja y ha iniciado actuaciones para determinar si las obras se ajustan a las autorizaciones existentes.

Vecinos denuncian que trabajadores saltaron la valla de su comunidad

Uno de los conflictos se encuentra en el número 6 de la calle Encarna Albarracín, donde se proyecta transformar unos bajos en un establecimiento turístico de 22 habitaciones.

La polémica comenzó después de que los vecinos denunciaran que un grupo de trabajadores habría accedido a las zonas comunes del residencial saltando la valla y habría comenzado a derribar muros para abrir nuevos huecos y ventanas vinculados al futuro alojamiento.

La comunidad sostiene que esas actuaciones afectan a elementos comunes del inmueble y que no cuentan con su autorización. El conflicto ya había sido denunciado públicamente por el PSPV, que reclamó al Ayuntamiento que garantizara el cumplimiento de la normativa.

Inspección municipal en Encarna Albarracín

Tras las denuncias presentadas por los vecinos, el Servicio de Inspección Municipal visitó el inmueble el 14 de agosto y emitió un informe tres días después.

Según la versión trasladada por el Ayuntamiento, las obras disponen de título habilitante con cambio de uso a terciario hotelero.

Sin embargo, las reclamaciones vecinales y las dudas planteadas sobre el alcance de las actuaciones han llevado al concejal de Urbanismo, Juan Giner, a solicitar a la Asesoría Jurídica municipal un informe facultativo.

El objetivo es determinar qué actuación corresponde al Ayuntamiento y comprobar si los trabajos que se están realizando se ajustan realmente al título habilitante existente.

Segundo conflicto en Carlos Cortina

A escasa distancia se ha abierto otro frente en el número 5 de la calle Carlos Cortina.

Compromís ha mostrado una resolución municipal del 14 de julio de 2026 en la que se denegaba una licencia para el proyecto. Según la resolución citada por la formación, el alojamiento proyectado superaba el límite establecido para este tipo de actividad en los bajos de la manzana.

La normativa urbanística aprobada definitivamente el pasado 31 de marzo y en vigor desde el 25 de mayo establece límites para la implantación de usos terciarios hoteleros. Según la documentación esgrimida por Compromís, el proyecto inicialmente presentado alcanzaría el 100% de los bajos afectados frente al máximo del 15% permitido.

El Ayuntamiento asegura que posteriormente se concedió permiso

Este punto resulta fundamental para entender el conflicto.

Aunque Compromís sostiene que las obras continúan después de aquella resolución denegatoria, el gobierno municipal ha ofrecido una versión diferente: afirma que la promotora renunció posteriormente a la parte del proyecto que excedía los límites establecidos y que, tras esa modificación, obtuvo autorización.

Por tanto, con la información disponible actualmente no puede concluirse que las obras de Carlos Cortina se estén ejecutando simplemente sin licencia. Existe una resolución inicial de denegación aportada por Compromís, pero también una autorización posterior defendida por el Ayuntamiento tras la modificación del proyecto.

Compromís pide el precinto de las obras

El concejal de Compromís Ferran Puchades considera insuficiente la actuación municipal y ha exigido que se paralicen los trabajos mientras se aclara su legalidad.

La formación reclama el precintado de las dos actuaciones y pide también que la empresa promotora repare los posibles desperfectos ocasionados en las zonas comunes de los residenciales.

Compromís sostiene además que ninguno de los dos proyectos figuraría registrado en las modalidades de alojamiento turístico contempladas por la normativa valenciana, una afirmación realizada por la formación que deberá diferenciarse de la existencia de las autorizaciones urbanísticas municipales.

Una empresa detrás de los dos proyectos

Los dos proyectos están vinculados, según la información publicada, a la mercantil Business Decission and Advice SL.

La controversia administrativa no es nueva. Los proyectos de Carlos Cortina y Encarna Albarracín ya habían generado procedimientos anteriores relacionados con la implantación de establecimientos hoteleros en estos locales.

De hecho, una resolución judicial conocida en mayo recogía que ambos proyectos habían contado con certificados de conformidad emitidos por una entidad colaboradora urbanística, aunque posteriormente se produjeron decisiones municipales sobre la suspensión o viabilidad de las correspondientes licencias.

Los bajos turísticos generan creciente oposición vecinal

El conflicto de Benicalap se enmarca en una situación que está apareciendo en otros puntos de Valencia. Comunidades de propietarios de barrios como Benicalap, el Cabanyal o Patraix han mostrado su oposición a la conversión de bajos comerciales en alojamientos turísticos.

En el caso concreto de Benicalap, los vecinos han expresado especialmente su preocupación por la apertura de ventanas hacia zonas comunes, el acceso de futuros huéspedes a espacios privados del residencial y las posibles consecuencias de las modificaciones realizadas en los locales.

La situación de Encarna Albarracín y Carlos Cortina queda ahora pendiente de las actuaciones municipales y de los informes técnicos y jurídicos. Mientras las comunidades afectadas reclaman que se protejan sus zonas comunes y se detengan las actuaciones que consideran irregulares, el Ayuntamiento tendrá que determinar qué trabajos están amparados por las autorizaciones concedidas y si lo que se está ejecutando sobre el terreno coincide exactamente con ellas.