La Confederación Gonzalo Anaya rechaza las nuevas funciones atribuidas a la Inspección Educativa para supervisar la «neutralidad ideológica» de contenidos y proyectos de los centros y reclama que los esfuerzos se concentren en aumentar los recursos de la educación pública.

La modificación de las funciones de la Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana ha abierto un nuevo frente entre el Consell y una parte de la comunidad educativa. La Confederación de Asociaciones de Madres y Padres Gonzalo Anaya acusa a la Generalitat de orientar este servicio hacia la «persecución de docentes» y considera que las familias no necesitan nuevos mecanismos para controlar al profesorado.

La organización ha mostrado su rechazo a los cambios introducidos a través de la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que atribuye a la Inspección nuevas funciones relacionadas con la supervisión de la denominada «neutralidad ideológica» de los contenidos y los proyectos educativos de los centros.

Para la Confederación Gonzalo Anaya, la medida supone un «retroceso», un «cambio preocupante» y una «falta de respeto» hacia los profesionales de la enseñanza.

Las familias reclaman confianza en los profesores

El presidente de la organización, Vicent Gumbau, sostiene que la prioridad de la Administración debería estar en garantizar los medios necesarios para que colegios e institutos puedan desarrollar correctamente su actividad.

«Las familias no necesitamos herramientas de control sobre la tarea docente ni sobre los proyectos educativos. Necesitamos confianza en los profesionales de la educación y una Administración que garantice los recursos para que los centros puedan hacer bien su trabajo», ha defendido.

La confederación considera que la Inspección Educativa debería concentrar su actividad fundamentalmente en comprobar que todos los alumnos reciben una educación de calidad y que los centros disponen de los medios necesarios.

Más profesores y menos ratios, entre sus reivindicaciones

La organización de madres y padres plantea otras prioridades para el sistema educativo valenciano. Entre ellas sitúa el incremento del profesorado, la reducción de las ratios, una mayor atención a la diversidad y la inclusión y la mejora de las instalaciones educativas.

También reclama más personal de orientación y atención educativa y mayores inversiones públicas.

Gumbau sostiene que «lo que necesitan las escuelas y los institutos no son más mecanismos de vigilancia, sino más recursos humanos, más orientación, más personal de atención educativa y más inversión pública».

La Confederación Gonzalo Anaya también reclama que se garantice la oferta de enseñanza en valenciano y critica la supresión de plazas en esta lengua.

Temor a una «sospecha permanente» sobre los docentes

Uno de los principales reproches de la organización se centra en las consecuencias que, a su juicio, puede tener la nueva función de supervisión sobre la relación entre Administración, profesores y familias.

La confederación considera que la reforma «deslegitima la labor de los centros y transmite un mensaje de sospecha permanente hacia el profesorado».

Gumbau recuerda además que las familias participan en los órganos de los centros educativos, por lo que considera que la modificación no afecta únicamente a maestros y profesores.

La «neutralidad ideológica», en el centro de la polémica

La controversia gira especialmente alrededor de la incorporación de la supervisión de la «neutralidad ideológica» entre las funciones de la Inspección Educativa.

La Confederación Gonzalo Anaya interpreta esta modificación como un mecanismo de vigilancia sobre la actividad docente y los proyectos educativos.

Su presidente ha elevado el tono de las críticas al considerar que «una escuela vigilada es el retroceso más grande en una sociedad democrática» y acusar a la Conselleria de querer convertir a los inspectores en «censores de la docencia».

Las declaraciones corresponden, por tanto, a la posición de la Confederación Gonzalo Anaya ante la reforma, mientras que la modificación normativa introduce nuevas funciones de supervisión para la Inspección Educativa. La aplicación práctica de esas competencias determinará ahora hasta dónde alcanza el control sobre los contenidos y proyectos desarrollados en los centros valencianos