Daniela había completado legalmente su cambio de identidad, pero la denuncia sostiene que su familia colocó en la lápida su nombre anterior y fotografías previas a la transición

La forma en la que una familia enterró a su hija trans ha terminado ante la Justicia. Un juzgado de Novelda ha abierto diligencias por un posible delito de odio después de que Daniela, fallecida por suicidio en 2022 a los 21 años, fuera enterrada en Aspe utilizando en la lápida el nombre que tenía antes de su transición y fotografías antiguas.

El caso llegó a la Fiscalía a través de la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, que tuvo conocimiento de lo sucedido por una amiga de la joven.

El Ministerio Público asumió posteriormente la denuncia y la remitió al juzgado el pasado mes de mayo.

Daniela había cambiado administrativamente su identidad

Una de las claves del procedimiento es que la joven había completado el proceso administrativo de cambio de identidad antes de morir.

Pese a ello, la Fiscalía sostiene que sus padres adoptivos utilizaron en la lápida su nombre anterior de manera “consciente, premeditada y deliberada”.

El escrito considera que con esta actuación se habrían llevado a cabo actos de negación de la identidad de Daniela.

Será el juzgado el que determine si estos hechos encajan finalmente en un delito de odio. En estos momentos se trata de una investigación abierta y no existe una condena contra los progenitores.

La denuncia también señala las fotografías de la tumba

No es únicamente el nombre inscrito en la sepultura lo que analiza la Justicia.

La denuncia sostiene que los padres exhibieron públicamente fotografías antiguas de Daniela correspondientes a una etapa anterior a su transición y diferentes de la identidad que tenía reconocida posteriormente tanto en el ámbito social como legal.

Para la Fiscalía, el hecho de que estos elementos estuvieran expuestos públicamente en el sepulcro resulta relevante a la hora de valorar el caso.

Declaraciones realizadas después de su muerte

La investigación alcanza igualmente a determinadas declaraciones que los padres adoptivos habrían realizado posteriormente en medios de comunicación nacionales.

El escrito de la Fiscalía sostiene que se habrían referido reiteradamente a Daniela utilizando el género gramatical masculino, cuestionando su identidad de género y presentando su situación como una patología.

Estas afirmaciones se incorporan a los hechos que el Ministerio Público considera que deben investigarse junto con lo ocurrido en la sepultura.

Los padres podrían declarar ante el juzgado

La Fiscalía ha solicitado que ambos progenitores sean llamados a declarar en condición de investigados.

También quiere que se obtenga el certificado de inscripción del nombre legal de Daniela y que se acredite documentalmente quién es el propietario del nicho donde se encuentra enterrada.

La presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, ha señalado además que la joven estuvo bajo tutela administrativa de las autoridades de Cantabria hasta alcanzar la mayoría de edad, ya que su familia residía en esa comunidad.

Las diligencias abiertas en Novelda deberán esclarecer ahora los hechos denunciados y determinar si la actuación atribuida a los padres después del fallecimiento de Daniela tiene finalmente relevancia penal como delito de odio.