El juicio por la operación Grand Coral arranca en la Audiencia Nacional con acuerdos de conformidad de varios acusados y más de una década después del inicio de la causa

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar a antiguos responsables de Bancaixa y Banco de Valencia por las inversiones realizadas en México a través de la denominada operación Grand Coral. La Fiscalía sitúa en cerca de 750 millones de euros el perjuicio económico causado a ambas entidades y sostiene que se financiaron de manera sistemática proyectos privados mediante una operativa de préstamos en la que las entidades asumieron prácticamente todo el riesgo.

El procedimiento llegó a contar con 48 personas procesadas y ha comenzado con acuerdos de conformidad alcanzados por la Fiscalía Anticorrupción con varios de los acusados.

Entre ellos figuran el exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, los empresarios Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens y el exdirector general de Bancaixa Aurelio Izquierdo.

Una causa que comenzó con una denuncia en 2013

El origen de la investigación se encuentra en una denuncia presentada por Bankia Hábitat a finales de 2013.

Las operaciones investigadas corresponden principalmente al periodo comprendido entre 2005 y 2009 y están relacionadas con las aportaciones de capital y financiación concedidas para desarrollar Grand Coral en México.

La investigación judicial sostiene que los administradores de las entidades habrían favorecido económica y de forma injustificada a determinados promotores de un proyecto que necesitaba inversiones de enorme magnitud.

La causa ha tardado más de una década en llegar a juicio y está previsto que las sesiones se prolonguen hasta noviembre.

Préstamos por más de 1.768 millones de dólares

Las cifras del procedimiento muestran la dimensión de las operaciones investigadas.

Los préstamos acumulados concedidos al Grupo Grand Coral superaron los 1.768 millones de dólares.

Según la acusación de la Fiscalía, Bancaixa y Banco de Valencia habrían actuado en la práctica como socios capitalistas, asumiendo el riesgo financiero mediante créditos que el Ministerio Público considera abusivos, operaciones sin tasaciones reales y préstamos de libre disposición.

La Fiscalía calcula que el perjuicio patrimonial final alcanzó aproximadamente 750 millones de euros.

Terrenos comprados baratos y revendidos a precios muy superiores

La Fiscalía describe también el supuesto funcionamiento de las operaciones.

Según su escrito de acusación, Juan Poch localizaba terrenos en México y concertaba opciones o promesas de compraventa a precios reducidos.

Posteriormente, esos derechos de compra o participaciones se transmitían al Grupo Grand Coral por cantidades considerablemente superiores.

La acusación sostiene que para elevar los precios se utilizaron mecanismos como comisiones de gestión presuntamente ficticias, opciones de compra y primas de emisión.

El entramado societario habría incluido sociedades matrices en Países Bajos que controlaban filiales mexicanas.

Cuentas en Andorra, Suiza, Panamá y Anguilla

La investigación también analiza el destino de determinadas plusvalías.

Entre las operaciones investigadas aparecen Zacatón y Piedras Bolas, que habrían generado una plusvalía considerada injustificada de 138,8 millones de dólares, sufragada por Bancaixa y Banco de Valencia.

Parte del dinero habría terminado en cuentas de Andorra.

Según la Fiscalía, para el supuesto desvío y reparto de plusvalías se utilizaron además cuentas y sociedades en Suiza, Panamá, Andorra y Anguilla, en el Caribe.

Anticorrupción atribuyó en su acusación delitos como apropiación indebida, administración desleal y blanqueo y reclama una indemnización para Bankia, actualmente integrada en CaixaBank, de 156,5 millones de euros.

José Luis Olivas no llega al juicio

Entre las personas que habían sido procesadas figuraba el expresidente de Bancaixa y expresident de la Generalitat José Luis Olivas, que no se encuentra en el banquillo al haber fallecido en noviembre de 2025.

También figura entre los procesados José María Cataluña, histórico extesorero del PSPV, antiguo consejero de Bancaja e investigado en el caso Assut.

El juicio comienza ahora con un escenario parcialmente diferente al inicialmente previsto: varios acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía y Anticorrupción ha retirado los cargos contra otras cuatro personas por las dilaciones indebidas acumuladas durante el procedimiento.