El sindicato policial sostiene que la protesta no fue comunicada y advierte de que una intervención correspondería a la Policía Nacional y a la UIP

El portavoz de Jupol Iván Domínguez ha asegurado que la competencia sobre un posible desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol corresponde a la Delegación del Gobierno en Madrid y, en caso de ordenarse una intervención, debería ser ejecutada por la Policía Nacional.

Domínguez ha explicado durante un debate televisivo que el origen de la acampada fue una manifestación previamente autorizada, pero ha señalado que la permanencia posterior de tiendas y participantes en la plaza no habría sido comunicada ni autorizada.

“Lo que están haciendo es manifestándose y la competencia sobre reuniones y manifestaciones es exclusiva de la Delegación del Gobierno y, por tanto, de la Policía Nacional”, ha declarado.

Según el representante de Jupol, si finalmente se decidiera desalojar el espacio, el operativo debería encomendarse a la Unidad de Intervención Policial (UIP), debido a la posibilidad de que se produjeran incidentes de orden público.

Jupol evita pronunciarse sobre la legalidad

Preguntado sobre si la acampada es legal, Domínguez ha indicado que esa cuestión debe ser determinada por los tribunales. No obstante, ha insistido en que la Delegación del Gobierno no puede trasladar la responsabilidad de gestionar la situación a la Policía Municipal.

El representante policial tampoco se ha pronunciado directamente a favor o en contra del desalojo, al considerar que se trata de una decisión política.

“Si se tiene que desalojar o no es una decisión política. Lo que estamos denunciando es que se está eludiendo una competencia”, ha afirmado.

Debate entre el derecho a protestar y el uso del espacio público

La situación provocó opiniones enfrentadas entre los participantes en la tertulia. Algunos defendieron el desalojo al considerar que la acampada supone una ocupación no autorizada de la vía pública y puede perjudicar a los comercios y a la movilidad peatonal.

Otros participantes rechazaron una intervención mientras la protesta permanezca pacífica y defendieron el derecho de los ciudadanos a expresar sus reivindicaciones en un espacio público.

El debate se centró también en la diferencia entre una manifestación comunicada, una concentración prolongada y la instalación de una acampada. La resolución definitiva dependerá de las decisiones que adopte la Delegación del Gobierno y, en caso de controversia jurídica, de la interpretación de los tribunales.