El empresario ofrece en Todo es mentira su versión de la compra del piso, el litigio y las ofertas que recibió antes del lanzamiento. Risto Mejide le plantea la pregunta que atraviesa todo el caso: por qué el alquiler asequible que permitirá volver a Maricarmen se acordó después de haberla desalojado.

Redacción Valencia Noticias | 29 de septiembre de 2026

Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá regresar al piso de Madrid en el que ha vivido durante siete décadas cuando reciba el alta del hospital Gregorio Marañón. Ha aceptado un acuerdo para firmar un nuevo contrato de alquiler de ocho años, con una renta que no superará el 30 % de sus ingresos netos. Su abogada calcula que el pago será cercano a los 500 euros mensuales que venía abonando, incluidos gastos y comunidad. El acuerdo llegó después de que fuera desahuciada el 23 de septiembre y de una reunión en la que medió la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. EL PAÍS

En ese momento, Fernando Alonso, copropietario de Urbagestión, ha decidido explicar públicamente su versión. Durante una extensa entrevista en Todo es mentira, Alonso reconstruyó ante Risto Mejide cómo adquirió la vivienda, por qué su empresa acudió a los tribunales y qué ocurrió con las propuestas para evitar que Maricarmen saliera de casa.

La entrevista aporta la posición directa de uno de los responsables de la empresa, pero también deja una cuestión sin resolver: si ambas partes han podido pactar ahora una renta vinculada a los ingresos de Maricarmen, ¿por qué no se alcanzó una solución semejante antes del desahucio?

La compra del piso, según el propietario

Alonso comenzó su relato afirmando que la compra de viviendas no es la actividad habitual de Urbagestión y que este piso fue, en sus palabras, «un activo único». Explicó que la empresa había asesorado una operación relacionada con el edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda y que, cuando las viviendas salieron a la venta, decidió adquirir la que ocupaba Maricarmen. Según su versión, el precio fue de unos 247.000 euros y ya conocían la existencia de un contrato de renta antigua.

El empresario sostuvo que la anterior propiedad comunicó a Maricarmen su derecho de adquisición preferente por el mismo precio y que ella no ejerció esa opción. Esa explicación procede de Alonso: la entrevista no incluyó la exhibición completa de la documentación de compraventa ni la respuesta de Maricarmen a ese extremo.

En el relato del copropietario, el conflicto surgió al revisar la documentación del arrendamiento. El contrato original se remontaba a 1956 y había pasado primero del padre a la madre de Maricarmen y después a ella. Urbagestión entendió que esta última subrogación no le permitía mantener indefinidamente el contrato al no quedar acreditado el grado de discapacidad que, a juicio de la empresa, exigía la norma aplicable.

El juzgado dio inicialmente la razón a Maricarmen. Más tarde, la Audiencia Provincial revocó esa decisión y consideró extinguido el contrato. Alonso presentó ese recorrido judicial como la base de la actuación posterior de Urbagestión. La legalidad de la ejecución y la conveniencia de llevarla a cabo fueron, precisamente, dos asuntos distintos en la conversación con Risto Mejide.

De los 500 euros a una propuesta de alrededor de 1.650

Alonso contó que, una vez firme la resolución, la empresa planteó a Maricarmen abandonar la vivienda o firmar un nuevo contrato. Según explicó, Urbagestión tomó como referencia un supuesto precio de mercado de entre 2.400 y 2.600 euros mensuales, sobre el que ofrecía una rebaja de entre el 40 % y el 50 % por las circunstancias personales de la inquilina y el tiempo que llevaba viviendo allí.

Al precisar las cifras durante la entrevista, Alonso situó la propuesta en torno a 1.600 o 1.650 euros al mes. La cantidad seguía siendo muy superior a los aproximadamente 500 euros que pagaba Maricarmen. Risto le preguntó por qué la empresa había mencionado en sus comunicaciones importes de hasta 2.600 euros; el empresario respondió que eran una referencia al mercado, no la renta final que pretendían cobrar.

Esa diferencia es central para entender la controversia. Alonso sostiene que se difundió como exigencia una cifra que Urbagestión había utilizado como punto de comparación. Pero la renta rebajada que él mismo describió en televisión también era considerablemente más alta que la anterior. Maricarmen explicó antes del desahucio que aquella propuesta le resultaba inasumible. eldiario.es

Ante la falta de acuerdo, la empresa solicitó ejecutar la resolución judicial. Alonso afirmó que hubo varios señalamientos anteriores suspendidos tras recursos y que el del 23 de septiembre de 2026 fue el único en el que se produjo efectivamente la intervención policial y el desalojo. Aquel día Maricarmen salió de la vivienda en camilla y fue trasladada al Gregorio Marañón. EL PAÍS

Las propuestas que llegaron antes del desahucio

Otro tramo de la entrevista se centró en las oportunidades de acuerdo. Alonso confirmó contactos entre la abogada de Urbagestión y Casa 47, aunque sostuvo que una posible oferta de compra del piso no prosperó porque la vivienda no estaba en venta. También habló de una fórmula por la que Maricarmen seguiría pagando una cantidad asequible y un tercero cubriría la diferencia. Según su versión, la empresa pidió una propuesta formal por escrito y esta no llegó en los términos necesarios para cerrar un pacto.

Risto Mejide le preguntó si Urbagestión había vuelto a reclamar ese documento. Alonso respondió que no. Para entonces, explicó, la empresa consideraba que el proceso estaba en fase de ejecución de una sentencia firme.

El presentador le planteó asimismo otras dos iniciativas privadas. Sobre la oferta atribuida a una escritora que quería permanecer en el anonimato, Alonso dijo que la empresa no sabía con quién habría firmado un eventual acuerdo ni disponía de una propuesta formal suficientemente identificada. Mejide replicó que alguien podía querer ayudar sin hacer pública su identidad y que esa cuestión se podía aclarar durante una negociación.

Respecto al pianista James Rhodes, Alonso aseguró que tuvo conocimiento de dos correos después del lanzamiento: uno en el que, según dijo, se ofrecía a pagar el alquiler de Maricarmen y otro, enviado al día siguiente, en el que planteaba comprar la vivienda para alquilársela. El empresario afirmó que ese segundo mensaje no concretaba un precio. Se trata de su relato sobre cuándo vio y cómo interpretó los mensajes, no de una verificación independiente del contenido íntegro de aquellos intercambios.

«No me gusta que haya terminado saliendo así»

La conversación se tensó cuando Alonso explicó las consecuencias que, según afirmó, sufrió Urbagestión tras el desahucio. Describió correos y llamadas que habrían colapsado sus canales de contacto, mensajes amenazantes dirigidos a empleados, miles de reseñas negativas y el envío de una caja con cucarachas. Son denuncias expuestas por el empresario en televisión; atribuirlas a una organización o a personas concretas exigiría pruebas que no se aportaron en la entrevista.

Risto Mejide reconoció la gravedad de los hechos denunciados, pero devolvió la conversación a la situación de Maricarmen. Alonso respondió que empatizaba con ella y afirmó: «No me gusta que haya terminado saliendo así». A la vez, insistió en que la empresa había propuesto antes una salida que consideraba pacífica y en que correspondía cumplir una resolución judicial firme.

El presentador le recordó que disponer de una resolución favorable no impedía negociar para evitar el lanzamiento. Fue una de las preguntas más incisivas de la entrevista: la discusión ya no era solo si Urbagestión podía instar el desahucio, sino si quiso agotar todas las posibilidades de impedirlo.

La solución apareció después del lanzamiento

Dos días después de que Maricarmen saliera de su casa, Urbagestión propuso al Ayuntamiento incorporar el piso al Plan Reviva para facilitar su regreso con un alquiler asequible. El Ayuntamiento consideró inviable esa fórmula concreta, pero se ofreció a mediar. EL PAÍS

Alonso explicó que la empresa acudió a la administración municipal porque era la más cercana y porque pensaba que podía ayudar a encontrar una solución. Mejide le preguntó por qué no había recurrido a esa mediación antes del desahucio. El copropietario respondió que los contactos previos habían sido difíciles y que no había recibido una oferta formal que permitiera cerrar un acuerdo.

Finalmente, la mediación municipal sí abrió una negociación. Alonso describió una reunión de varias horas y un borrador de nuevo contrato por ocho años, con una renta limitada al 30 % de los ingresos netos de Maricarmen. Durante la entrevista dijo que acababa de enterarse por el programa de que ella había aceptado. Su aceptación fue confirmada posteriormente por su abogada; el regreso a la vivienda está previsto cuando salga del hospital. EL PAÍS

La explicación de Alonso es que después del lanzamiento existió una mesa de mediación con voluntad de acuerdo que antes no había logrado establecerse. Risto insistió en que el desenlace demuestra, al menos, que había margen para un contrato distinto al ofrecido en 2024. La abogada de Maricarmen sostiene que el pacto llega tarde y atribuye el cambio a la movilización social. Urbagestión, por su parte, presenta el nuevo contrato como una respuesta voluntaria a la situación de vulnerabilidad de la mujer. EL PAÍS

Un regreso que no borra lo ocurrido

Maricarmen podrá volver al lugar donde ha pasado la mayor parte de su vida. Esa es la noticia inmediata. Pero regresar después de un desahucio no equivale a no haberlo sufrido: la mujer continúa ingresada tras haber salido en camilla de su domicilio, y el acuerdo está pendiente de hacerse efectivo mediante el nuevo contrato y su vuelta a casa. EL PAÍS

La intervención de Fernando Alonso permite conocer por primera vez con detalle cómo defiende Urbagestión sus decisiones: la interpretación del contrato, la propuesta de una renta rebajada respecto al mercado que calculaba, sus reservas ante las ofertas de terceros y su insistencia en ejecutar la sentencia. También deja expuesta la contradicción que Risto Mejide le pidió aclarar una y otra vez: el alquiler ajustado a los ingresos de Maricarmen se pactó cinco días después de desalojarla, cuando el daño que se quería evitar ya se había producido.