El tribunal considera que la protesta de 2021 no reunió la violencia o intimidación necesarias para constituir un delito de desórdenes públicos. La Fiscalía llegó a solicitar inicialmente cinco años de prisión para cada acusado, aunque posteriormente redujo la petición a dos años y medio. La sentencia puede recurrirse.
Los once activistas de Greenpeace juzgados por bloquear en octubre de 2021 la entrada de un buque cargado de gas natural licuado en el Puerto de Sagunto han sido absueltos del delito de desórdenes públicos.
La magistrada concluye que durante la protesta no existieron actos de violencia o intimidación con entidad suficiente para alterar gravemente la paz pública, requisito necesario para apreciar el delito por el que estaban acusados.
La resolución todavía no es firme y puede ser recurrida en apelación.
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Doce horas bloqueando la entrada al puerto
Los hechos se remontan a octubre de 2021.
Los activistas desarrollaron una acción de protesta contra los combustibles fósiles con la que consiguieron impedir durante aproximadamente doce horas la entrada al Puerto de Sagunto del Merchant, un buque estadounidense que transportaba 138.000 metros cúbicos de gas natural licuado.
Greenpeace pretendía denunciar con aquella acción la dependencia española del gas fósil y reclamar una transición hacia otras fuentes energéticas.
Los guardias civiles calificaron la protesta de pacífica
Uno de los elementos relevantes durante el juicio fue el testimonio de los agentes de la Guardia Civil.
Los agentes, que comparecieron como testigos de la Fiscalía, señalaron que la protesta tuvo carácter pacífico, aunque explicaron que se bloqueó la dársena, se produjeron algunas situaciones de peligro y no siempre se atendieron los requerimientos realizados.
La planta de regasificación Saggas no reclamó daños derivados de la actuación.
Por qué los absuelve el tribunal
La cuestión central era determinar si bloquear el acceso al puerto podía encajar penalmente como un delito de desórdenes públicos.
La sentencia concluye que no.
La magistrada considera que los hechos no estuvieron acompañados de la violencia o intimidación necesarias para producir una alteración grave de la paz pública en los términos exigidos penalmente.
La existencia del bloqueo, por tanto, no ha resultado suficiente para condenar a los once acusados por el delito planteado.
De cinco años de cárcel a la absolución
El procedimiento ha sufrido además un importante cambio en la petición de penas.
Inicialmente, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión para cada uno de los once activistas.
Posteriormente reconoció que había aplicado por error una reforma del Código Penal que todavía no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos.
La modificación legal entró en vigor en enero de 2023, mientras que la protesta se había producido dos años antes.
Por ese motivo, el Ministerio Fiscal rectificó y redujo la petición a dos años y seis meses de prisión para cada acusado.
Finalmente, el tribunal ha optado por la absolución.
Greenpeace ya había pagado 160.000 euros en sanciones
La organización ecologista había afrontado previamente 160.000 euros en sanciones relacionadas con aquella acción.
Greenpeace defendió durante todo el procedimiento el carácter pacífico de la protesta y consideró desproporcionadas las penas de prisión solicitadas para los activistas.
Los once acusados pertenecen a ocho nacionalidades diferentes, entre ellos cuatro españoles.
Cinco años después del bloqueo del buque, el procedimiento penal termina por ahora con la absolución de todos ellos, aunque la sentencia todavía puede ser recurrida en apelación.
