El Ayuntamiento ultima informes de seguridad para mantener íntegra la programación, mientras los participantes en la protesta por la vivienda aseguran que no levantarán las cerca de 400 tiendas. Sí se muestran dispuestos a facilitar el paso de la Reial Senyera. Pilar Bernabé recuerda que corresponde al consistorio decidir cómo organiza los actos y que la Delegación garantizará la seguridad.
A apenas dos días del 9 d’Octubre, la plaza del Ayuntamiento de Valencia concentra un conflicto que continúa sin resolverse: la voluntad municipal de mantener íntegramente los actos de la festividad y la decisión de los participantes en la acampada por la vivienda de permanecer de manera indefinida.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, mantiene que no pretende suspender, aplazar ni trasladar ninguno de los actos programados. Eso incluye la Procesión Cívica y la mascletà, precisamente el acto que presenta mayores dificultades por la presencia de cientos de tiendas de campaña en la plaza.
Los acampados, por su parte, aseguran que no abandonarán la plaza, aunque se muestran dispuestos a reorganizar el espacio para permitir el paso de la Reial Senyera.
Índice de contenidos
Catalá: «Haremos todo lo posible»
El Ayuntamiento está ultimando los informes relativos a la celebración de los actos, la concentración prevista de público y las condiciones de seguridad.
La documentación será trasladada a la Delegación del Gobierno.
Catalá insiste en que la intención municipal es preservar la programación.
“Haremos todo lo posible para que el 9 d’Octubre, el día de todos los valencianos, se celebre con toda la solemnidad”, ha afirmado.
La alcaldesa se muestra al mismo tiempo abierta al diálogo para intentar compatibilizar la protesta con las celebraciones.
La mascletà, el gran problema
La principal dificultad está en la mascletà.
Su celebración requiere establecer un perímetro de seguridad alrededor de la zona de disparo y disponer de un amplio espacio para albergar al público.
Actualmente, una parte considerable de la plaza está ocupada por tiendas y por las instalaciones de la acampada.
Uno de sus portavoces considera “imposible” desalojar completamente la plaza para hacer posible el espectáculo pirotécnico.
Los manifestantes sostienen que debe ser el Ayuntamiento quien estudie alternativas.
Sí facilitarían la Procesión Cívica
La posición es diferente respecto a uno de los actos centrales del 9 d’Octubre.
Los participantes están organizándose para intentar hacer compatible la protesta con el recorrido de la Reial Senyera.
Los portavoces consideran viable liberar el espacio necesario para el paso de la Procesión Cívica y aseguran que son conscientes de la importancia de la celebración para los valencianos.
La voluntad declarada es que la reivindicación por la vivienda y la celebración del 9 d’Octubre puedan convivir.
«No hay debate» sobre levantar la acampada
Lo que los manifestantes descartan es abandonar definitivamente la plaza.
Según sus portavoces, la decisión ha sido votada y existe unanimidad para mantener la protesta de forma indefinida.
Las cifras difundidas por la propia organización sitúan en torno a 400 las tiendas instaladas y entre 600 y más de 700 las personas que participan en distintos momentos en la movilización.
La acampada alcanza ya varios días de permanencia en pleno centro de Valencia.
Bernabé devuelve la decisión al Ayuntamiento
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha marcado también la posición de la Administración central.
Según Bernabé, la Delegación del Gobierno tiene como función garantizar la seguridad, pero no decidir la programación municipal.
La delegada sostiene que corresponde al Ayuntamiento determinar “qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer con la realidad que tiene en la plaza”.
Bernabé ha defendido además que las personas acampadas están ejerciendo derechos fundamentales de reunión y manifestación y ha pedido evitar aumentar la crispación.
Catalá y Bernabé discrepan sobre las responsabilidades
Las declaraciones evidencian también una diferencia entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno.
Catalá había señalado que corresponde a la Policía Nacional responsabilizarse de una concentración que considera no autorizada y garantizar que los actos puedan celebrarse con normalidad.
Bernabé responde que la Delegación garantizará la seguridad, pero que no le corresponde modificar la situación existente ni decidir qué actos municipales pueden desarrollarse en esas condiciones.
A falta de dos días para la celebración, el interrogante principal continúa siendo la mascletà.
La Procesión Cívica parece tener una posible vía de entendimiento. Para el disparo pirotécnico, en cambio, Ayuntamiento y acampados mantienen posiciones difícilmente compatibles si las tiendas permanecen en la plaza.





