Borja Sanjuán pone el foco sobre José Gosálbez, segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, por la relación profesional de su despacho con el Colegio de Ingenieros. Los presupuestos de la entidad contemplan 25.000 euros para asesoría jurídica, aunque el propio Colegio precisa que esa cantidad corresponde al conjunto de sus servicios jurídicos y no puede atribuirse íntegramente al concejal.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, ha cuestionado la compatibilidad entre la actividad pública y privada del portavoz municipal de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, después de conocerse nuevos datos sobre la contratación de servicios jurídicos por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia.
Sanjuán sostiene que resulta necesario aclarar cuánto percibe realmente el concejal por esa actividad privada y si los asuntos sobre los que presta asesoramiento pueden guardar relación con materias que posteriormente pasan por órganos municipales en los que participa.
El asunto tiene un matiz importante: no está acreditado que Gosálbez cobre 25.000 euros. Esa es la cantidad presupuestada por el Colegio para el conjunto de la partida de asesoría jurídica en 2025 y 2026, pero la entidad afirma que incluye diferentes servicios y profesionales.
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Un concejal con dedicación exclusiva y compatibilidad para ejercer como abogado
Gosálbez tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y una retribución pública de 85.277 euros brutos anuales, pero dispone de autorización municipal para compatibilizar su cargo con el ejercicio privado de la abogacía.
La compatibilidad fue aprobada por el pleno municipal en diciembre de 2023. El propio Gosálbez no participó en aquella votación y el acuerdo salió adelante mediante el voto de calidad de la alcaldesa, María José Catalá.
Posteriormente, su despacho suscribió en febrero de 2025 un contrato de asistencia jurídica con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia.
¿De dónde salen los 25.000 euros?
Este es el punto que requiere mayor precisión.
Los presupuestos del Colegio recogen 25.000 euros en 2025 y otros 25.000 en 2026 dentro de la partida de “asesoría jurídica”. En 2024 esa partida ascendía a 16.000 euros.
Sin embargo, el Colegio ha explicado que los 25.000 euros representan el presupuesto global para sus servicios jurídicos y que, además del despacho de Gosálbez, trabaja con otros servicios y asesores.
Por tanto, con la información disponible no puede afirmarse que esos 25.000 euros sean los honorarios del portavoz de Vox.
Ni el Colegio ni Vox han hecho pública la cantidad concreta que recibe el despacho del concejal.
Sanjuán plantea un posible conflicto entre sus dos actividades
El PSPV lleva el debate más allá de la cuantía.
Sanjuán cuestiona que un miembro de la Comisión de Urbanismo pueda prestar simultáneamente servicios privados de asesoramiento a un colegio profesional cuyos integrantes pueden tener intereses en materias relacionadas con el urbanismo municipal.
El portavoz socialista sostiene que Gosálbez dispone por su cargo de información y capacidad de decisión sobre expedientes municipales y reclama aclarar si existe algún cruce entre los asuntos tratados en su actividad profesional y aquellos sobre los que interviene políticamente.
Se trata, por ahora, de una denuncia política del PSPV; la información disponible no acredita que Gosálbez haya utilizado información privilegiada ni que haya votado específicamente sobre un expediente de un cliente de su despacho.
El Síndic pidió más información sobre la actividad privada
La polémica tiene antecedentes.
El Síndic de Greuges consideró que Gosálbez debía facilitar al Ayuntamiento el contrato para acreditar que su actividad como abogado tenía carácter marginal y que no generaba una incompatibilidad con su dedicación exclusiva como concejal.
El contrato y la remuneración concreta no se han hecho públicos.
Desde Vox mantienen que el concejal cumple con la normativa municipal, mientras que el Colegio de Ingenieros invoca razones de confidencialidad y protección de datos para no identificar cuánto cobra individualmente cada profesional contratado.
El PSPV eleva la presión sobre Catalá
Sanjuán dirige también sus críticas hacia el gobierno municipal de María José Catalá y reclama un mayor control sobre las actividades privadas compatibles de los miembros de la corporación.
El debate se centra así en dos cuestiones diferentes: por un lado, si la compatibilidad concedida permite legalmente a Gosálbez mantener esa actividad; y, por otro, qué mecanismos existen para evitar potenciales conflictos de intereses cuando un concejal con responsabilidades municipales presta servicios profesionales privados relacionados con ámbitos sobre los que puede intervenir políticamente.
Por ahora, la cifra exacta cobrada por el despacho de Gosálbez continúa sin conocerse. Los 25.000 euros corresponden a la partida global de asesoría jurídica del Colegio, no a una remuneración individual acreditada del edil.
