Varios propietarios de viviendas turísticas de Vigo se han encontrado con una situación especialmente complicada después de que algunos huéspedes, una vez finalizada su estancia, se negaran a abandonar los inmuebles y exigieran dinero a cambio de marcharse.
Según publica Faro de Vigo, estos casos se estarían produciendo después de reservas realizadas a través de plataformas de alquiler vacacional como Airbnb. Una vez concluido el periodo contratado, determinados inquilinos permanecerían en el interior de las viviendas y plantearían a los propietarios el pago de cantidades económicas para abandonar el inmueble.
El periódico gallego recoge casos en los que se habrían reclamado 3.000 euros para dejar el piso, aunque en otras situaciones las cantidades exigidas podrían superar incluso los 10.000 euros.
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Al menos una decena de casos
La información apunta a que al menos diez alquileres vacacionales de Vigo habrían registrado situaciones de este tipo.
Algunos propietarios aseguran que los ocupantes han llegado a permanecer durante meses en las viviendas. En uno de los casos citados, la estancia se habría prolongado durante más de ocho meses.
La situación genera especial preocupación entre los propietarios porque, una vez que los huéspedes se niegan a abandonar voluntariamente el inmueble, recuperar la vivienda puede requerir iniciar un procedimiento judicial.
Temor a que exista una práctica organizada
Otro de los aspectos que recoge la información es la preocupación por la posible existencia de grupos organizados detrás de algunas de estas actuaciones.
Según el relato publicado, las cantidades reclamadas para abandonar los inmuebles serían en ocasiones mayores cuando la vivienda pertenece a una empresa que cuando el propietario es un particular.
Por este motivo, algunos afectados temen que pueda tratarse de una práctica destinada a obtener dinero aprovechando los plazos necesarios para recuperar judicialmente el inmueble.
No obstante, por el momento no consta que exista una investigación que haya acreditado la existencia de una organización criminal detrás de estos casos, por lo que esa posibilidad debe considerarse una sospecha de los afectados y no un hecho demostrado.
Meses para recuperar la vivienda
Uno de los principales problemas para los propietarios es el tiempo necesario para recuperar el inmueble cuando los ocupantes se niegan a marcharse.
Los procedimientos pueden prolongarse durante varios meses, especialmente cuando concurren circunstancias de vulnerabilidad o hay menores residiendo en la vivienda.
Los casos han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la protección de los propietarios de viviendas turísticas y sobre qué mecanismos legales pueden utilizarse cuando una reserva termina pero los huéspedes se niegan a entregar el inmueble.
Titular alternativo:
Alarma entre propietarios de pisos turísticos en Vigo: huéspedes se niegan a marcharse y exigen hasta 10.000 euros
