González Pons, Susana Camarero, María José Catalá y Vicent Mompó participan en un acto de precampaña en Valencia en el que reivindican 6.861 viviendas movilizadas por el Plan Vive, 1.000 viviendas públicas impulsadas por el Ayuntamiento y 18 desarrollos urbanísticos con capacidad para 13.000 nuevos inmuebles. Los populares cuestionan los proyectos estatales pendientes de ejecución.
Valencia, 18 de octubre de 2026. La vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha celebrado su primer gran acto de precampaña en Valencia con un mensaje centrado en las dificultades de acceso a una vivienda y en las críticas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
El encuentro, celebrado el sábado 17 de octubre, reunió al eurodiputado Esteban González Pons, la vicepresidenta del Consell Susana Camarero, la alcaldesa de Valencia y presidenta local del PP, María José Catalá, y el presidente provincial del partido, Vicent Mompó.
Los dirigentes populares defendieron las políticas desarrolladas desde la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y otras instituciones gobernadas por su formación.
La intervención también estuvo marcada por las críticas al PSOE tras la dimisión de su portavoz Montse Mínguez, en medio de la controversia por las propiedades inmobiliarias vinculadas a su pareja.
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González Pons acusa al Gobierno de agravar el problema de la vivienda
Esteban González Pons centró buena parte de su intervención en cuestionar las políticas de vivienda desarrolladas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El dirigente popular sostuvo que los ocho años de gobiernos socialistas no han permitido resolver las dificultades de acceso a una residencia y defendió la necesidad de un cambio político.
También vinculó la controversia inmobiliaria que afecta al entorno de la exportavoz socialista Montse Mínguez con lo que considera contradicciones del PSOE en materia de vivienda.
Estas declaraciones forman parte del discurso político del PP y no constituyen por sí mismas una evaluación independiente de los resultados de las políticas estatales.
La evolución de los precios y del acceso a la vivienda depende de múltiples factores, entre ellos la oferta disponible, la demanda, los salarios, la financiación y las decisiones adoptadas por las distintas administraciones.
Susana Camarero reivindica 6.861 viviendas movilizadas por el Plan Vive
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, destacó durante el acto los resultados que la Generalitat atribuye al Plan Vive.
Según las cifras expuestas, el programa ha movilizado 6.861 viviendas.
La responsable autonómica defendió esta iniciativa como una de las principales herramientas del Gobierno valenciano para aumentar la oferta residencial.
Sin embargo, el concepto de vivienda movilizada no equivale necesariamente a vivienda terminada y disponible para entrar a vivir.
El balance completo del programa requiere distinguir entre proyectos previstos, suelo disponible, promociones adjudicadas, obras iniciadas y viviendas finalizadas.
Noventa millones para ayudas al alquiler de jóvenes
Camarero también aseguró que la Generalitat ha destinado 90 millones de euros a ayudas al alquiler dirigidas a jóvenes.
La vicepresidenta defendió la necesidad de combinar la construcción de viviendas con medidas económicas que faciliten el acceso al mercado residencial.
Las ayudas pueden contribuir a reducir temporalmente el esfuerzo económico de los beneficiarios.
No obstante, su impacto depende de las condiciones de acceso, el número de solicitudes atendidas y la evolución de los precios.
La responsable autonómica aprovechó su intervención para cuestionar las políticas de vivienda desarrolladas por el anterior Gobierno del Botànic.
Catalá reclama avances en las 600 viviendas anunciadas por el Gobierno central
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, centró parte de su discurso en los proyectos residenciales estatales previstos en la ciudad.
En concreto, cuestionó la situación de las aproximadamente 600 viviendas anunciadas para terrenos del barrio de Ingenieros y del Parque de Artillería.
Según afirmó, las obras todavía no han comenzado.
Catalá contrapuso estos proyectos a las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento.
La afirmación sobre el estado de las promociones estatales corresponde a la alcaldesa y deberá contrastarse con los calendarios y expedientes de ejecución de los organismos responsables.
El Ayuntamiento reivindica 1.000 viviendas públicas impulsadas
La alcaldesa aseguró que el Gobierno municipal ha puesto en marcha 1.000 viviendas públicas durante los últimos tres años.
De ellas, según las cifras que presentó, 523 se encuentran en construcción.
La diferencia entre viviendas impulsadas y viviendas terminadas es importante para interpretar estos resultados.
Las primeras pueden encontrarse en distintas fases administrativas o de ejecución, mientras que las segundas ya han completado el proceso constructivo.
Para evaluar la política municipal también será necesario conocer cuántas viviendas se han entregado efectivamente, su régimen de acceso y los precios establecidos.
Dieciocho desarrollos urbanísticos para 13.000 viviendas
Otro de los anuncios destacados por Catalá fue la activación de 18 planes urbanísticos.
Según las previsiones municipales, estos desarrollos permitirían construir aproximadamente 13.000 viviendas.
De ese total, unas 3.000 serían públicas.
La cifra representa una previsión de capacidad residencial y no un volumen de viviendas ya construidas.
La ejecución de los planes dependerá de los procedimientos urbanísticos, la disponibilidad de suelo, la financiación y los plazos de desarrollo.
La Agencia Municipal de Alquiler
Catalá también reivindicó la puesta en marcha de la Agencia Municipal de Alquiler.
La iniciativa pretende facilitar la incorporación de viviendas al mercado residencial mediante mecanismos de intermediación.
La alcaldesa defendió que las políticas de vivienda deben traducirse en actuaciones concretas.
El alcance de la agencia deberá evaluarse mediante indicadores como el número de viviendas incorporadas, los contratos formalizados y las condiciones económicas ofrecidas.
Mompó critica la controversia inmobiliaria del PSOE
El presidente provincial del PP, Vicent Mompó, también intervino en el acto para cuestionar la situación política del PSOE.
El dirigente popular se refirió a la dimisión de Montse Mínguez y a las informaciones sobre las propiedades inmobiliarias vinculadas a su pareja.
Mompó utilizó este episodio para denunciar lo que considera contradicciones entre el discurso socialista sobre la vivienda y las circunstancias patrimoniales de personas de su entorno.
La controversia política debe distinguirse de la existencia de posibles irregularidades legales, que no pueden darse por acreditadas únicamente a partir de la titularidad de inmuebles.
El problema de vivienda supera el debate electoral
La discusión política se produce en un contexto de dificultades reales de acceso a la vivienda.
El informe El Estado de la Pobreza 2026, elaborado por EAPN, sitúa en el 55,9% la proporción de residentes valencianos que viven de alquiler a precio de mercado y están en riesgo de pobreza o exclusión social.
El estudio también recoge que el porcentaje de población residente en viviendas en propiedad ha descendido del 82,7% en 2008 al 74%, mientras que el alquiler ha pasado del 10,5% al 21%.
Estos indicadores muestran una transformación del mercado residencial y una elevada vulnerabilidad entre determinados hogares.
Feijóo reivindica el Estado del bienestar
Durante la misma jornada, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, participó en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE.
El líder popular defendió la necesidad de fortalecer el Estado del bienestar y garantizar la continuidad de los servicios públicos para las próximas generaciones.
También anunció su intención de impulsar una agenda de reformas orientada a afrontar los desafíos económicos y sociales.
La vivienda entra de lleno en la campaña electoral
El acto celebrado en Valencia confirma que la vivienda será uno de los asuntos centrales del debate político durante las próximas semanas.
El PP reivindica las iniciativas de la Generalitat y del Ayuntamiento, mientras cuestiona la ejecución de los proyectos estatales.
Sin embargo, para comparar los resultados de cada administración es necesario utilizar indicadores homogéneos: viviendas terminadas, entregadas, en construcción, adjudicadas o simplemente previstas.
La confrontación política sobre la vivienda se intensifica a pocas semanas de las elecciones generales. El principal desafío será comprobar qué proyectos se convierten efectivamente en viviendas disponibles y en qué condiciones podrán acceder a ellas los ciudadanos.
