El diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví, registró el pasado febrero una pregunta escrita al Gobierno Central en la que pedía que se explicaron las medidas que había pensadas para impedir la agresión a la fauna que sería la inyección de 259 decibelios en el mar y los daños irreparables en materia medioambiental o en el sector turístico y pesquero, entre otros en la actividad de las prospecciones petrolíferas en el entorno de las Columbretes.
Según exponía Baldoví, la administración del Estado ha sacado a exposición pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de la empresa Cairn Energy de prospecciones para buscar petróleo en el entorno de las Islas Columbretes.
El diputado recordaba que las Columbretes fueron declaradas Parque Natural por el Decreto 15/1988, de 25 de enero, del Consejo de la Generalidad Valenciana, y reserva marina de 4.400 hectáreas (una de las mayores de España) por Orden del 19 de abril de 1990, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fueron recalificadas como Reserva Natural por Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Asimismo, está declarada como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de especial protección para las aves (ZEPA), y microrreserva de flora.
En el texto de la pregunta se señalaba como el proyecto presentado por la empresa Cairn Energy tiene fundamento técnico, siendo un simple compendio de generalidades, estudios propios, sin rigor ni evaluación real del impacto que tanto la prospección sísmica como los trabajos posteriores , en caso de producirse, podría dar en sectores estratégicos castellonenses como el turismo y la pesca, o el grave impacto medioambiental, y la prospección sísmica 3D supondrá inyectar 259 decibelios en el mar, la cual provocaría la muerte instantánea de peces y crustáceos , o daños irreparables a la fauna marina, así como el efecto de fuga de la pesca, que tardaría años en revertir.
Los riesgos de la extracción de combustibles fósiles hemos visto que pueden ser realmente gravísimos, tal como acreditan las decenas de desastres medioambientales que se conocen en todo el mundo, mientras sabemos que estamos ante un modelo energético en vías de agotamiento, con fecha de caducidad; mientras se permiten estas actividades con gran impacto ambiental, se castiga la producción de energías renovables.
La respuesta que da ahora el Gobierno evita otro golpe cualquier compromiso, y se limita a recordar que el proyecto está siendo sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA), encontrándose en la actualidad en la fase posterior a la realización de las consultas previas previstas en la legislación aplicable y, por tanto, a la espera de que el Ministerio de Industria remita el EIA al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por lo tanto, evita cualquier tipo de compromiso o posicionamiento contrario a este tipo de actividades.
Desde Compromís, en todos los diversos ámbitos de representación institucional, se ha mostrado la oposición a este proyecto por los daños irreparables que puede ocasionar
