La organización Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que actúa como acusación popular en la investigación sobre la dana, ha solicitado a la jueza encargada del caso que obtenga información específica sobre las llamadas realizadas por Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, durante los días 24 al 30 de octubre de 2024.
El escrito, al cual ha tenido acceso este medio, solicita a la magistrada que requiera a la Generalitat Valenciana una copia del contrato de telefonía móvil firmado con la operadora. Según se detalla en el escrito, dicho contrato indica que ciertos datos, almacenados en forma de CDR (acrónimo de Call Detail Record), se conservan por un período de 12 meses. Estos datos incluyen números de teléfono de origen y destino, duración de las llamadas, fecha y hora de inicio y finalización, tipo de llamada, costo y el estado final de cada comunicación, con la posibilidad de ser usados como evidencia en procedimientos judiciales.
En consecuencia, la ACPV solicita a la jueza que requiera la identificación de los números de los teléfonos móviles asignados a Pradas y Argüeso, quienes han sido citados a declarar en calidad de investigados en este proceso. Asimismo, se pide obtener de la compañía telefónica los registros CDR de dichos números durante el periodo mencionado.
Además, se requiere que la proveedores de servicios de telecomunicaciones se asegure de conservar todos los registros de llamadas (CDR) de los teléfonos móviles pertenecientes a la Generalitat Valenciana entre el 24 y el 30 de octubre del año pasado.
