Dos acusaciones solicitan a la jueza que interrogue a Polo y a la cúpula de la CHJ tras la declaración de Bernabé
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reconoció ante la jueza que ni el Cecopi fue informado ni se discutió en sus reuniones sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, el principal factor de la trágica letalidad de la DANA. Esta declaración ha comenzado a tener repercusiones procesales. Dos acusaciones han solicitado a la jueza de Catarroja que cite a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Manuel Polo, inicialmente en calidad de testigo. La CHJ era el principal organismo encargado de alertar sobre la inminente avenida de agua que amenazaba a los vecinos de l’Horta Sud.
El abogado Francisco Regalado, quien representa a varias familias de fallecidos en la riada, ha presentado un escrito al respecto, al cual ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. En el documento solicita: “Que a la vista de las declaraciones de los investigados y el testimonio de la delegada del Gobierno, interesa se les cite a declarar en calidad de testigos”.
Regalado también solicita que comparezcan en el juzgado tres miembros de la cúpula de la CHJ: Ricardo Domínguez, jefe del servicio de Policía de Aguas; Manuel Torán, director técnico; e Ignacio Valero, principal responsable del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el cual, según ha reconocido la propia CHJ, no proporcionó datos constantes ni fiables sobre la magnitud del agua recibida. Asimismo, pide que se interrogue a la alcaldesa de Paiporta como testigo. Bernabé afirmó que se enteró de la situación del Poyo luego de recibir una llamada de una alcaldesa a las siete de la tarde, más de una hora antes del envío del mensaje Es-Alert.
El partido Ciudadanos, que actúa como acusación en la instrucción, también ha solicitado el interrogatorio de Polo ante la jueza, además de técnicos de Aemet y de Emergencias.
