Una acusación solicita la imputación de Bernabé: “Excluir a una de las Administraciones no ayuda a las víctimas”
Valencia, 16 de abril. La Asociación Liberum, en calidad de acusación popular y particular en el caso de la dana, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) la imputación de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat, tras su declaración del pasado lunes. La asociación argumenta que “excluir a una de las Administraciones no ayuda a las víctimas”.
En su recurso presentado ante la jueza, Liberum pide además las comparecencias del alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís; Miguel Polo Cebellán, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); Ricardo Domínguez, jefe del servicio de Policía de aguas; Manuel Torán, director técnico y jefe del Área de calidad de las aguas de la CHJ; e Ignacio Valero, jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica.
La asociación señala que, aunque no busca minimizar las responsabilidades de los líderes de la Generalitat, no se puede ignorar que existen responsabilidades compartidas con el Gobierno central, en este caso particular. En la declaración, Bernabé habría admitido no haber informado al ministro del Interior sobre la necesidad de declarar una emergencia nacional en el momento adecuado.
Liberum también pone de relieve que la primera reunión del Gobierno para abordar la dana ocurrió a las 23:03 horas, cuando ya se había formado un comité de crisis debido a las inundaciones. La asociación critica la tardanza de esta convocatoria y cuestiona si el Ministerio del Interior elaboró algún informe sobre la declaración de emergencia nacional.
Asimismo, la entidad critica que el mensaje de alerta se enviara con retraso y con contenido inadecuado, y subraya la importancia de la falta de datos por parte del Cecopi y la CHJ durante horas cruciales. En particular, menciona la falta de comunicación sobre el aviso de las 18:43 horas referido al Barranco del Poyo y sobre los alivios de las presas.
Finalmente, la asociación considera que ambas administraciones tienen responsabilidades compartidas según el mandato constitucional y la Ley 17/2015 y que excluir a una de las partes no es beneficioso para las víctimas, ya que esto criminaliza a un solo ente y exime injustificadamente a otro.
