Entidades destacan que el 30% de las violaciones de derechos lingüísticos de los valencianoparlantes ocurren en el ámbito educativo
En un informe presentado ante el Síndic de Greuges en Alicante, varias entidades han documentado 153 casos de violaciones de derechos lingüísticos de personas que hablan valenciano. De estos casos, un 30,5% se originan en el ámbito educativo, ámbito seguido por la administración pública con un 25,3%.
La investigación, dada a conocer el Día de los Derechos Lingüísticos en el País Valenciano, ha sido elaborada por Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, entre otras. En ella se subraya la necesidad de abordar estas violaciones y fomentar el uso del valenciano frente a su posible desaparición.
Este año se ha observado “un cambio radical en la tipología de las violaciones”, siendo el sector educativo el principal afectado. Las entidades atribuyen este aumento de casos a la “mal denominada” ley de Libertad Educativa, también conocida como “ley Rovira”, gestionada por el exresponsable del Consell José Antonio Rovira. Se considera que esta normativa ha dificultado la garantía de derechos lingüísticos.
Además, se ha detectado un incremento en las violaciones en las comarcas centrales y en el sector privado, lo que podría indicar una mayor concienciación sobre el derecho a denunciar estas situaciones. Las instituciones públicas, por su parte, siguen siendo un foco importante de incidencias, con un notable aumento bajo la administración del PP y Vox. Los problemas más comunes incluyen la preeminencia del castellano en servicios públicos y la limitada accesibilidad de información en valenciano.
El informe, fruto de un esfuerzo colaborativo entre una variedad de agentes sociales y culturales, ofrece un análisis detallado de los patrones de violación, señalando áreas y administraciones que no garantizan los derechos lingüísticos.
Las organizaciones han utilizado esta ocasión para solicitar a la Generalitat la restitución de la Oficina de Derechos Lingüísticos con capacidad sancionadora, una demanda ya planteada en el informe de 2024. Las entidades se comprometen a seguir apoyando a la ciudadanía en la defensa de sus derechos lingüísticos.
“Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar hacia un modelo social e institucional que respete y promueva la lengua y la cultura valenciana, y confiamos en que la Generalitat Valenciana adopte las medidas necesarias para proteger estos derechos con la misma firmeza que en otros ámbitos”, declaró Esteve Juan, del equipo directivo de Escola Valenciana.
