Un informe interno del Ayuntamiento de Alicante encendió las alarmas sobre la adjudicación de varias viviendas de protección oficial (VPO) en la zona de la playa de San Juan, al detectar vínculos personales entre algunos beneficiarios y empleados o cargos del propio consistorio que habrían intervenido en el procedimiento.
El documento, elaborado por el servicio municipal de Gestión Patrimonial, advertía del riesgo de conflicto de interés y recordaba la obligación legal de abstención en aquellos casos donde existe relación directa o interés personal en el expediente administrativo.
La investigación llega a la Fiscalía
A raíz de ese informe, el Ayuntamiento trasladó el caso a la Fiscalía Provincial de Alicante para que se analice si los hechos podrían tener relevancia penal y, en su caso, se depuren responsabilidades.
Según la documentación interna, al revisar el listado final de adjudicatarios remitido por la cooperativa promotora, se identificaron varias personas con parentesco o relación directa con funcionarios y responsables políticos municipales.
Aunque formalmente todos cumplían los requisitos legales, el informe subrayaba que esa coincidencia podría vulnerar el deber de imparcialidad en la tramitación del procedimiento.
Dudas sobre el perfil económico de los beneficiarios
Uno de los aspectos más delicados del informe es que algunos adjudicatarios, por su nivel profesional o categoría laboral, difícilmente encajarían en el perfil económico exigido para acceder a vivienda protegida, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades.
También se señala que al menos un arquitecto municipal participó en tareas de asesoramiento técnico relacionadas con el proyecto sin constar formalmente su abstención, pese a ser beneficiario directo del proceso.
Tres casos concretos bajo sospecha
Tras una investigación interna, el Ayuntamiento identificó tres casos especialmente sensibles:
- La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (que ya ha dimitido).
- Una directora general municipal, cuyos hijos y un familiar resultaron adjudicatarios (también ha dejado el cargo).
- Un arquitecto municipal implicado en el seguimiento del proyecto.
Aunque oficialmente ninguno figuró en mesas de contratación ni firmó resoluciones, el propio consistorio reconoce que persisten dudas sobre posibles influencias no documentadas.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, solicitó la apertura del expediente de investigación el pasado mes de enero, aunque posteriormente decidió elevar el caso a Fiscalía al considerar que el informe interno no despejaba todas las incógnitas.
Sospechas de uso de información privilegiada
Entre los elementos más graves que recoge la denuncia figura la posibilidad de que algunos beneficiarios se aprovecharan de su posición o del acceso a información interna para facilitar o condicionar la adjudicación de los inmuebles a personas de su entorno.
El propio informe advertía de que este tipo de situaciones, aun sin delito probado, dañan seriamente la imagen institucional y comprometen la credibilidad del sistema de vivienda pública.
Críticas de la oposición
Los grupos de la oposición consideran insuficiente la investigación municipal y han presentado también denuncias propias ante Fiscalía.
Desde el PSPV y EU-Podem se acusa al gobierno local de haber ignorado advertencias previas y de minimizar un caso que afecta directamente a un problema especialmente sensible: el acceso a la vivienda en una ciudad con fuerte presión inmobiliaria.
Mientras la Fiscalía analiza la documentación, el caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos recientes en la política municipal de Alicante, con dimisiones, expedientes abiertos y un debate de fondo sobre la transparencia real en la gestión de la vivienda pública.
