Amnistía Internacional alerta sobre la continuación del “urbanismo exprés” y la edificación en áreas propensas a inundaciones, un año después de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre pasado. La organización señala que esta práctica representa un peligro para miles de personas, criticando a las autoridades autonómicas y locales por adoptar políticas de desarrollo urbano que desprotegen a la población.
El informe titulado ‘Llueve sobre mojado. La DANA: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda’ destaca que, pese a las advertencias sobre el cambio climático y la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, la normativa urbanística en España y la Comunidad Valenciana sigue permitiendo edificar en zonas inundables. Amnistía Internacional denuncia que el marco legal desarrollado por diversas administraciones establece ciertas limitaciones, pero no impide totalmente la construcción en esas áreas.
La Comunitat Valenciana aparece como la segunda región de España con mayor superficie en riesgo de inundación, afectando a aproximadamente 600.000 personas. Localidades como Paiporta y Catarroja muestran un alto número de víctimas y daños tras la dana, con gran parte de sus edificaciones situadas en zonas consideradas inundables desde 2003. Marta Mendiola, investigadora de la organización en España, critica que aún no se ha actualizado el Patricova ni reformado las normas estatales para gestionar los riesgos de inundación, mientras continúa la flexibilización urbanística.
El informe subraya una disminución significativa en la inversión en infraestructuras hidráulicas en Valencia desde 2009, consecuencia de ajustes presupuestarios tras la crisis económica, lo que limita la capacidad de prevenir y mitigar riesgos. Además, el sistema de ayudas ha sido insuficiente e impacta negativamente en personas migrantes y residentes de barrios vulnerables, quienes enfrentan mayor burocracia y dificultades para acceder a asistencia.
Destacan que las mujeres, especialmente las migrantes trabajadoras del hogar, han vivido exclusión en el acceso a ayudas. Teresa García del Vello, investigadora de Amnistía Internacional, indica que la falta de planificación y la escasez de vivienda social perpetúan la vulnerabilidad ante futuras catástrofes.
La burocracia obstaculiza el reconocimiento de las personas afectadas y su derecho a una vivienda digna. Las comunidades más marginadas sufrieron desproporcionadamente, incluidas aquellas con situación administrativa irregular, como en el caso de Yuliza, quien enfrentó graves dificultades durante y después de la dana.
Finalmente, Amnistía Internacional denuncia la descoordinación en la respuesta a la catástrofe y urge a las autoridades a implementar una moratoria sobre proyectos urbanísticos en las áreas afectadas, hasta que se revisen los planes de gestión de riesgos de inundación. También insta a mejorar el sistema de protección social frente a eventos meteorológicos extremos, contemplando un protocolo integral de ayudas que refuerce el derecho a la vivienda.
