La Guardia Civil está investigando a 64 personas en Alicante por supuestas construcciones ilegales
La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación contra 64 personas, sospechosas de cometer delitos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo. En algunos casos, también se les acusa de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, dentro de la denominada operación ‘Urbanitas’, que se centra en construcciones ilegales en la provincia de Alicante.
Entre los investigados se encuentran 39 hombres y 25 mujeres, con edades comprendidas entre los 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios. Según un comunicado de la Guardia Civil, estos individuos enfrentan cargos por delitos urbanísticos, y algunos también por alterar documentos con el fin de engañar a la Administración Pública y por fraude fiscal.
Las actividades han sido lideradas por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de Alicante, dentro de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lleva a cabo para garantizar un urbanismo sostenible y equilibrado en la región.
La investigación comenzó en octubre de 2024 tras denuncias de asociaciones vecinales y particulares, además de irregularidades detectadas por la patrulla. Estas indicaban numerosas infracciones urbanísticas relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en áreas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent, en Alicante.
Durante más de 70 inspecciones, los agentes verificaron que la mayoría de los terrenos involucrados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, situadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente prohíbe dividir el terreno y realizar cualquier construcción.
Las primeras diligencias permitieron identificar el método que los intermediarios presuntamente utilizaban, actuando entre propietarios de terrenos sin uso y compradores potenciales. En algunos casos, compraban terrenos para su reventa o mediaban en las transacciones para persuadir a los compradores, dividiendo las fincas en pequeñas parcelas para obtener un beneficio económico mayor.
Los compradores supuestamente firmaban contratos privados de compraventa, adquiriendo así un porcentaje del terreno original sin ubicación específica, lo que les hacía responsables de las consecuencias legales y urbanísticas de la propiedad completa.
El Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante ha sido informado de todas las investigaciones. Las posibles infracciones urbanísticas se han comunicado a los organismos pertinentes, lo que podría resultar en sanciones económicas y la demolición de edificaciones, así como el corte de suministros básicos.
La Guardia Civil advierte de los serios riesgos de adquirir una vivienda construida ilegalmente, tales como la obligatoriedad de demoler la edificación, sufrir daños materiales, enfrentar multas urbanísticas, y padecer inseguridad jurídica, además de experimentarse dificultades para acceder a servicios básicos como agua o electricidad.
