Redacción Jurídica | ValenciaNoticias.com

Los recientes casos de violencia sexual conocidos en Valencia y Alicante han generado una lógica alarma social. Sin embargo, para entender las condenas y las medidas cautelares impuestas, es necesario analizar cómo el marco legal español —especialmente tras la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del “solo sí es sí”— ha redefinido la protección de los más vulnerables.

1. El fin de la distinción entre abuso y agresión

La principal novedad que afecta a casos como el del septuagenario de Alicante es la eliminación de la figura del “abuso sexual”. Anteriormente, si no había violencia o intimidación física, el delito se castigaba de forma más leve.

• Hoy: Todo acto sexual sin consentimiento es agresión sexual. En el caso de menores de 16 años, el consentimiento es legalmente imposible, por lo que la ley es taxativa y las penas se han unificado al alza para proteger la indemnidad del menor.

2. El consentimiento como eje central

En la presunta violación grupal del centro comercial de Valencia, los acusados alegan que hubo “consentimiento”. Sin embargo, la ley actual establece que el consentimiento debe manifestarse mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona.

• La clave: En casos de menores, la madurez de la víctima y la presión del grupo son factores que los jueces valoran por encima de supuestos mensajes en redes sociales, entendiendo que el contexto puede anular cualquier voluntad real.

3. La responsabilidad de los menores: ¿Por qué no van a la cárcel?

Muchos lectores se preguntan por qué los implicados en Valencia están en “libertad vigilada” y no en prisión. La respuesta reside en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor:

• Menores de 14 años: Son legalmente inimputables. No se les imponen penas, sino medidas educativas y de protección a través de Servicios Sociales.
• De 14 a 17 años: No van a prisiones ordinarias, sino a centros de menores bajo regímenes que buscan la reeducación. Las medidas cautelares (como el alejamiento de 50 metros) buscan proteger a la víctima mientras avanza la instrucción sin vulnerar la presunción de inocencia del menor.

4. El agravante de la “violencia digital”

Grabar y difundir una agresión ya no es un hecho secundario. La normativa actual castiga con dureza la violación de la intimidad. El uso de dispositivos móviles para “guardar un recuerdo” o buscar el “like” en redes sociales actúa hoy como un agravante que puede elevar considerablemente las medidas de internamiento para los menores y las penas de prisión para los adultos.

Nota del editor: Estos cambios legales buscan que el sistema judicial no solo castigue, sino que actúe de forma preventiva y reparadora, especialmente en un entorno digital donde el daño a la víctima puede ser permanente.