Valencia Noticias | Agencias.- La Fiscalía Anticorrupción acusa a la excúpula del Partido Popular valenciano, de la época de Francisco Camps, de haber financiado presuntamente de forma ilegal las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y de las generales de 2008 a través de la trama Gürtel y por ello pide siete años y nueve meses de prisión para cuatro de sus exdirigentes por tres delitos electorales y uno falsedad documental.
El Ministerio Público solicita estas penas para al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex vicesecretario general del partido David Serra y la exgerente Cristina Ibáñez. Además, para Yolanda García, también exgerente de la formación en Valencia, pide seis meses de prisión como “cómplice” de un delito electoral en las generales de 2008.
Anticorrupción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana su escrito de acusación en relación con las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel relacionadas con la supuesta financiación irregular del Partido Popular en esta autonomía después de que el juez instructor pidiera el procesamiento de 20 personas. El fiscal pide también la apertura de juicio oral para cinco integrantes de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvarez Pérez, ‘El Bigotes’ y nueve empresarios, según se recoge de la información parecida en la página web de rtve.
“Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectos y en parte a través de terceros”, detalla la Fiscalía en el escrito de 40 páginas que ha hecho público este viernes. “En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”, añade.
La fiscalía sostiene que Costa y Rambla encargaron la organización de las campañas electorales (mítines, publicidad…) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y que abonaron sus servicios de forma irregular a través de terceras empresas beneficiarias de contratos de la Administración pública.
Estas últimas asumieron supuestamente los pagos de lo que el PP debía a Orange Market como si abonaran servicios que esta última empresa les hubiera prestado. Para ello Orange Market “les facilitó facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no había sido prestados”.
Anticorrupción señala que además de “infringir la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas”, las empresas que abonaron parte de los gastos que el PP debería haber pagado a Orange Market no podían hacer donaciones a este partido por tener contratos con las administraciones públicas.
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