El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valencia celebrado este lunes dejó en evidencia la falta de consenso entre los partidos políticos representados en el Hemiciclo para avanzar con la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Ante la falta del respaldo de Vox al Partido Popular y la oposición de Compromís y PSPV, el tiempo para realizar nuevas modificaciones en la ordenanza es insuficiente, ya que requeriría pasar nuevamente por comisiones, pleno, exposición pública y ratificación.
La ausencia de la aprobación de la ZBE para 2026 podría tener consecuencias económicas para los ciudadanos. Es posible que las ayudas estatales asignadas al transporte público urbano, entre 35 y 40 millones de euros, se vean afectadas. Sin estas subvenciones, el precio del bonobús subiría de 5,1 a 8,5 euros, según indicó Borja Sanjuan, portavoz municipal del PSPV. La posibilidad de acordar la ordenanza sigue abierta, y en caso contrario, habrá que verificar si el Ministerio Para la Transición Ecológica retira las ayudas.
La falta de una ZBE también podría suponer un golpe del 10% al presupuesto municipal, una cantidad estimada por la oposición ante la eventual devolución de ayudas europeas y multas por no implementar esta medida. El Ayuntamiento podría tener que devolver 57,8 millones de euros de financiación europea utilizada para proyectos ya completados, como la ampliación de espacios peatonales, la adquisición de autobuses eléctricos y la digitalización de la red de transporte urbano. Estos fondos han respaldado diversas mejoras en Valencia, detalladas por el PSPV, como la sensorización de plazas de carga y descarga, la ampliación de accesibilidad y mejoras en infraestructuras como mercados y carriles bici.
La instalación de cámaras en las áreas designadas para la ZBE ya ha comenzado, aunque no pueden emitir multas debido a la falta de una ordenanza aprobada. En caso de no aprobarse la ordenanza, el Gobierno podría imponer fuertes sanciones, que podrían alcanzar hasta el 300% del importe de la subvención recibida, además de afectar la financiación de los billetes SUMA.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no descarta recurrir a la vía judicial si el bloqueo persiste, respaldada por una advertencia previa del 12 de noviembre sobre el riesgo de no aprobar la ordenanza. Catalá delegó la posibilidad de sanciones a los tribunales, implicando un proceso prolongado. El socialista Borja Sanjuan denunció que Valencia sería la única gran ciudad en España sin adoptar esta medida, perdiendo 150 millones de euros y enfrentándose a un transporte público más caro. Papi Robles, portavoz de Compromís, enfatizó la importancia de la ordenanza para reducir la contaminación y cumplir con la normativa europea, evitando así pérdidas económicas. Según Robles, la negativa de Catalá a implementar la ZBE compromete la salud pública y genera un perjuicio financiero significativo.
