Bankia la fiscal comprobará si la ocultación en las cuentas había dejado de ser un “instrumento” para ser un delito.

Bankia con Rodrigo Rato (3)Cuesta recordar cuándo un anuncio despertó tanto revuelo, y es que ni el “spot” de cierto sorteo de Navidad ha eclipsado a la Fiscalía, que esta semana avanzaba un posible cambio en las conclusiones por la salida a Bolsa de Bankia, en la que ahora sólo acusa a la excúpula de estafa a inversores.

Ni los seis años transcurridos desde la querella de UPyD, ni el que su hoy jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, descartara la falsedad contable cuando aún llevaba la investigación, han podido con la fiscal Carmen Launa, que en su debut público en el caso hizo resollar a los otros treinta acusados que a ella se encomendaban.

La fiscal no sólo abría la puerta a una supuesta falsedad -combo por el que las acusaciones solicitan penas de hasta doce años de cárcel-, sino que cristalizaba sus pasos recientes en un objetivo: comprobar si la ocultación en las cuentas había dejado de ser un “instrumento” para ser un delito.

Si el de las tarjetas “black”, pieza separada del caso Bankia, fue el juicio al sistema “viciado” de Caja Madrid, el de la salida a Bolsa puede convertirse en el azote a la gestión de José Luis Olivas en Banco de Valencia y Bancaja, a tenor de la documentación aportada por Launa y sobre la que se debe pronunciar la sala.

Más allá del debut bursátil, la nueva información, sobre el estado de la entidad levantina y de su filial inmobiliaria, Bancaja Hábitat, que en opinión de Fiscalía “ocultaba gran parte de los deterioros que se arrastraron a Bankia”, amplía las sombras a la fusión fría entre las siete cajas que dio lugar al grupo.

Algo que han rechazado las defensas, como la del exministro popular de Interior Ángel Acebes, Carlos Aguilar, quien lamentó que su cliente fuera víctima de una “querella contra un oponente político”, pues se incorporó a Bankia el 27 de julio de 2011, una semana después de la salida a Bolsa, y cesó en abril de 2012, antes de que se presentaran las cuentas formuladas y auditadas.

Un tema al que aludía Acebes en los pasillos de la Audiencia Nacional, donde -comentaba él mismo con cierta ironía- va a pasar más tiempo del que estuvo como consejero en la entidad.

Aguilar, que como otros tantos letrados y catorce acusados repetían ante el mismo tribunal que enjuició las “black”, cargó contra la “miscelánea” de las acusaciones, e incluso, reprochó que el juez instructor Fernando Andreu no hubiera andado “con mayor celo” en su auto de procedimiento.

También el abogado de Araceli Mora, para quien el proceso corre “riesgo de contaminación” pues Launa “más que cristalizar (los hechos), está favoreciendo la entropía”, tal como aseveraron sus compañeros, que creen que cualquier cambio sería “una mutación” que infligiría la ley.

Con la postura candente de la Fiscalía templando el frío aire de la sala, la vista continuó, y con ella, los intentos por convencer de la falta de legitimidad para que los afectados que ya recuperaron su inversión por la vía extrajudicial continúen en el proceso.

Un ruego que, de ser atendido por los magistrados tras la pausa navideña, pondría contra las cuerdas a las acusaciones populares, incluida la que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por el que fuera estandarte de la causa con UPyD, Andrés Herzog, por aplicación de la “doctrina Botín”.

Tirando, en esta ocasión sí, del guión previsto, las críticas arreciaron respecto a uno de los peritos cedidos por el Banco de España, Antonio Busquets, al que las defensas han calificado de “máquina de hacer informes” y “espontáneo”, que “está traicionando su estatuto” convirtiéndose en experto de parte.

Por ello, han solicitado dejar de lado el documento sobre el impacto contable de la reclamación de la aseguradora Aviva, vinculada a Bancaja en el negocio de bancaseguros, según el cual Bankia habría ocultado el litigio en el folleto informativo.

Cuestiones generales al margen, la mayoría de los acusados han pedido que se les exima de acudir a las sesiones, previstas hasta junio, por motivos laborales, e incluso académicos, como Estanislao Rodríguez-Ponga, actualmente en prisión, “para poder preparar los exámenes de la UNED”.

Un tinte personal al que también ha apelado Deloitte, representada por el exfiscal Jesús Santos, que recordó “los enormes daños reputacionales” sufridos por “las 8.000 familias” que trabajan en la firma, involucrada en la causa por una “minimalista acusación”.

Dado el volumen de los papeles aportados en las últimas semanas, la sección cuarta de la sala de lo Penal suspendía este jueves la sesión hasta el próximo martes 8 de enero, no sin antes desear unas felices fiestas a los presentes.

Unas fiestas que lo serán menos para los seis condenados por las “black” que se sientan en primera fila de este juicio, entre ellos Rato, que firme en un continuo gesto serio, recogía sus notas rumbo al que será su primer cambio de año en Soto del Real.

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