El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha comunicado este jueves su intención de presentar en el pleno de julio una propuesta para extender la moratoria de dos años en la concesión de licencias para nuevos bloques de pisos turísticos. Esta medida, según Barcala, permitiría “reflexionar” sobre la regulación e integración de estos alojamientos en el contexto del desarrollo del Plan General Estructural (PGE) de la ciudad.
Por su parte, la portavoz del PSPV en el ayuntamiento, Ana Barceló, ha criticado la medida, calificándola de “tardía” e “insuficiente”. Barceló afirmó que las actuaciones del alcalde responden a “reacciones desesperadas” más que a un plan estructurado, y lamentó la pérdida de un bastión cultural como la librería 80 mundos, amenazada por la conversión de su edificio en un bloque de pisos turísticos.
Rafa Mas, portavoz de Compromís, expresó desconfianza hacia Barcala, a quien acusó de servir a intereses especulativos. Señaló falta de acción en la regulación de pisos ilegales y criticó la exclusión de bloques completos de la moratoria, situación que considera está fomentando la expulsión de vecinos. Mas también destacó que su coalición ha registrado unas 500 denuncias sobre pisos ilegales, sin respuesta por parte del consistorio.
Manolo Copé, representante de EU-Podem, coincidió en que la ampliación de la moratoria resulta insuficiente y reprochó al alcalde por su complicidad en un modelo que transforma la vivienda en un negocio para inversores, desplazando a residentes. Además, subrayó que sin medidas complementarias, la moratoria es mero “maquillaje político”.
EU-Podem, en un comunicado, también mostró su apoyo a la librería 80 Mundos, describiéndola como un “espacio de resistencia cultural” y lamentando que el edificio haya sido adquirido por un fondo de inversión que planea convertirlo en apartamentos turísticos, lo que consideran un ejemplo más del modelo de ciudad que expulsa a sus habitantes en favor del turismo.
Las críticas de la oposición se centran en la falta de medidas efectivas para regular el mercado de alojamiento y proteger a la ciudadanía de los abusos del mercado inmobiliario.
