Benidorm podría recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia de Serra Gelada para “proteger el interés general”
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento de Benidorm contra la sentencia respecto a los terrenos de dos empresas en la zona de Serra Gelada. El fallo, emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV en mayo de 2024, obliga al consistorio a pagar 283 millones de euros, junto a los intereses legales correspondientes, a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad en el sector APR-7.
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, comunicó este miércoles que se está considerando la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional. A raíz de la notificación del auto del TSJCV, que se difundió el martes y fue puesto en conocimiento de los grupos municipales en una Junta de Portavoces, Pérez expresó un mensaje llamando a la “tranquilidad y prudencia”. Todas las gestiones se están llevando a cabo con total transparencia.
Pérez destacó que los técnicos municipales están “explorando todas las vías” disponibles para salvaguardar el interés de los vecinos de Benidorm, una premisa que el gobierno local ha mantenido desde que asumieron el poder en 2015. Afirmó que la hoja de ruta del consistorio se mantiene inalterada, siguiendo las indicaciones técnicas sobre los convenios.
El alcalde subrayó que el consistorio no tenía otra opción para defender el interés general que la seguida, siempre bajo criterio técnico y respaldada por sentencias judiciales. Añadió que las decisiones del TSJ han divergido de lo que los juzgados de lo contencioso venían dictando hasta ahora.
Pérez afirmó que aún es pronto para prever la estrategia a seguir, pidiendo “calma y cautela”. No obstante, contempló que una opción sería acudir al Tribunal Constitucional, “si así lo sugieren los informes técnicos”, enfatizando que tal decisión no corresponde al alcalde ni a los concejales.
Defendiendo el criterio técnico, Pérez insistió en que los políticos no pueden ir en contra de las recomendaciones técnicas, ya que está regulado legalmente. Reconoció que puede haber decisiones difíciles, pero deben ser guiadas por criterios técnicos.
Este caso posee “cierta complejidad judicial” debido a las causas abiertas. Por un lado, la cuestión de la responsabilidad patrimonial del consistorio relacionada con los terrenos, en base a convenios firmados entre 2003 y 2004, renovados en 2010 y 2013, que es el foco del reciente auto del TSJCV. Por otro, la acción sobre la revisión y declaración de nulidad de esos convenios por parte del ayuntamiento, que sigue en curso con cinco causas activas: dos resueltas a favor del consistorio en Primera Instancia, que se encuentran recurridas, y tres sin sentencia.
Pérez reiteró que todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios cuentan con el respaldo de los técnicos, el Consell Jurídic Consultiu y las resoluciones judiciales de Primera Instancia, que hasta la fecha han favorecido la posición del ayuntamiento en su defensa del interés general.
