Bravo destaca que la Generalitat ha aumentado en un 64% el presupuesto de los honorarios del turno de oficio desde 2015

La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha agradecido al Colegio de Abogados de Alicante la participación del turno de oficio en la asistencia jurídica gratuita que la Generalitat brindó a los pasajeros del buque de rescate ‘Aquarius’.

En el caso de Alicante, la ayuda se centró sobre todo en los 58 supuestos menores de edad mayores de 12 años que fueron atendidos en instalaciones públicas de la provincia. Los servicios del Instituto de Medicina Legal de Alicante determinaron que 21 de ellos eran, efectivamente, menores, y los otros 37, no.

Gabriela Bravo ha asegurado que es “importante” que la Administración “reconozca el compromiso y la valía de las letradas alicantinas” puesto que, salvo un hombre, el resto de juristas que participó en el dispositivo eran mujeres.

La consellera ha recordado que su departamento lleva tres años trabajando para mejorar la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana y muy especialmente en algo tan esencial como la asistencia letrada universal.

Por ello, Gabriela Bravo ha explicado que la Generalitat ha creado un nuevo modelo de asistencia jurídica gratuita para dar respuesta a las nuevas realidades sociales e incrementar la especialización y estableciendo un nuevo sistema de asistencia para las personas más desfavorecidas.

La consellera también ha asegurado que se han mejorado sustancialmente las condiciones económicas y de prestación del servicio de los profesionales. La Generalitat Valenciana ha hecho un importante esfuerzo económico con un aumento presupuestario de más de un 64% entre el ejercicio 2015 y el ejercicio 2018, en el caso de los Colegios de Abogados y de más de un 76% en el caso de los Colegios de Procuradores.

El incremento se ha repercutido en las cuantías de los honorarios que perciben los profesionales que prestan dichos servicios de justicia gratuita.

Con la orden de actualización de baremos de 2018, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, los módulos recuperarán los recortes de hasta el 60% de 2011 y además se recuperará el poder adquisitivo actualizado con el IPC desde 2005 (el 20,7%).

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