La Comisión Europea plantea un reglamento que permitiría restringir temporalmente el alojamiento turístico y determinadas compras de inmuebles cuando se acrediten problemas graves de acceso a la vivienda

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento para dar mayor seguridad jurídica a las autoridades que quieran restringir los alquileres turísticos y determinadas adquisiciones o usos de viviendas no destinadas a residencia habitual en zonas especialmente afectadas por la crisis habitacional. Las limitaciones tendrían una duración máxima de cinco años y deberían revisarse periódicamente.

La propuesta introduce en el derecho comunitario el concepto de “zona bajo tensión de vivienda”, que estaría sometido a una serie de condiciones antes de que una administración pudiera aplicar las restricciones previstas.

Qué requisitos debería cumplir una zona tensionada

Según el texto planteado por Bruselas, una zona podría recibir esta consideración cuando el precio medio de una vivienda equivaliera al menos a ocho veces la renta disponible per cápita del área.

Además, esa relación entre precios y renta tendría que haber aumentado durante la última década y las previsiones deberían indicar que la situación no se aliviará durante los tres años siguientes.

La declaración de una zona tensionada, sin embargo, no permitiría imponer automáticamente cualquier tipo de limitación.

Solo se contemplan dos tipos de restricciones

El reglamento se centra específicamente en dos actividades: el alquiler turístico y la adquisición o utilización de viviendas que no estén destinadas a residencia habitual.

Antes de aplicar una medida, la administración correspondiente tendría que demostrar que esa actividad ha influido durante al menos tres años en la disponibilidad o en el precio de la vivienda.

También debería justificar que la restricción se limita al territorio afectado, que no existen alternativas igualmente eficaces y menos restrictivas y que se diferencia entre el alquiler turístico ocasional y el desarrollado de forma profesional.

Las medidas no podrían mantenerse durante más de cinco años sin una nueva evaluación y quedarían sometidas a revisiones periódicas.

Teresa Ribera defiende una mayor seguridad jurídica para los municipios

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido la iniciativa asegurando que las administraciones deben poder intervenir cuando el mercado no garantiza el acceso a una vivienda asequible.

Según Ribera, el objetivo es ofrecer seguridad jurídica a las autoridades locales para que puedan actuar sobre uno de los problemas que Bruselas considera prioritarios.

La Comisión sostiene asimismo que el nuevo marco permitiría reducir la incertidumbre regulatoria, la carga administrativa y los costes de cumplimiento, además de ofrecer una base jurídica más clara ante posibles litigios.

Los alquileres de larga duración quedan fuera

La propuesta no regula los contratos de alquiler de larga duración.

El propio texto admite, además, que limitar los arrendamientos de corta estancia no resolverá por sí solo las causas estructurales de la escasez de vivienda a largo plazo.

También quedan fuera del reglamento las normas generales sobre construcción, planificación urbanística y zonificación, así como la fiscalidad y determinados requisitos aplicables a plataformas y anfitriones.

Bruselas pone a Madrid como ejemplo

La Comisión Europea cita el caso del centro de Madrid para ilustrar la presión que puede ejercer el alojamiento turístico sobre determinadas zonas.

Según las cifras recogidas por Bruselas, en el centro de la capital existen 40 anuncios de alquiler turístico por cada 100 viviendas disponibles en el mercado de alquiler de larga duración, mientras que los precios de estas últimas habrían aumentado cerca de un 75% en diez años.

Las zonas ya declaradas no tendrán cobertura automática

Las medidas que los Estados miembros ya hayan aprobado no quedarán sometidas automáticamente al nuevo reglamento, salvo que las administraciones decidan revisarlas de manera voluntaria conforme al futuro marco.

Del mismo modo, el hecho de que una zona ya esté declarada tensionada no supondrá por sí solo que pueda restringir el alquiler turístico o las compras de viviendas no destinadas a residencia habitual.

Bruselas plantea la iniciativa desde las reglas del mercado interior y la competencia, fijando las condiciones bajo las cuales estas restricciones nacionales o locales podrían considerarse compatibles con las libertades comunitarias.