La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha calificado como “gravísimas” las afirmaciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, respecto a los supuestos fallos en las pulseras de protección para víctimas de violencia de género. Camarero ha exigido que tanto Bernabé, como representante del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, así como el Gobierno central, reconozcan el error y ofrezcan soluciones, describiendo como “muy irresponsable” minimizar el problema.
Durante una rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, Camarero criticó duramente el contrato del servicio de seguridad de las pulseras, afirmando que constituye una “chapuza”. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, había defendido la eficacia del sistema, asegurando que 20.000 mujeres han usado las pulseras sin que ninguna haya fallecido.
Para Camarero, es grave que Bernabé reduzca el problema a la ausencia de fallecimientos, señalando que los medios han reportado casos de intentos de agresión. Criticó al Gobierno central por no reconocer el fallo, especialmente considerando que fue presentado como el “Gobierno más feminista de la historia” por Pedro Sánchez, y lo responsabilizó de poner en peligro a las mujeres.
La portavoz del Consell también recordó la polémica en torno a la ley del ‘solo sí es sí’, mencionando que ha facilitado la liberación o reducción de condenas de violadores. Camarero exigió que se reconozca el error y se ofrezcan soluciones, enfatizando los riesgos asociados a fallos de información que pueden impedir juzgar los quebrantamientos de condena.
Camarero subrayó que las pulseras se asignan por medidas de “alejamiento grave” que implican un riesgo serio para las mujeres afectadas. En la Comunidad Valenciana, se estima que aproximadamente 500 mujeres podrían estar usando estos dispositivos, y Camarero señaló la responsabilidad de Bernabé de aclarar por qué no se ha comunicado adecuadamente a las entidades pertinentes para poder reforzar la protección y coordinación.
Finalmente, destacó la necesidad de asumir responsabilidades y buscar soluciones, criticando que se intente silenciar o minimizar un problema reconocido tanto por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial como por un informe de la Fiscalía del Estado.
