Casi 1.500 marroquíes aprovechan la campaña de la fresa de Huelva para quedarse en España

El Gobierno negocia con Marruecos cómo evitar que este modelo de contratación en origen se convierta en una vía de entrada irregular

La última campaña de la fresa en Huelva ha estado marcada por los abusos laborales y sexuales denunciados por varias temporeras marroquíes, pero también por el alto número de mujeres que ha decidido quedarse irregularmente en España tras finalizar su contrato. Al menos 1.424 jornaleras no han cumplido su compromiso de retornar a Marruecos una vez concluida la temporada, según las cifras provisionales que maneja la Secretaría de Estado de Migraciones.

Fuentes cercanas a la organización de esta operación conjunta entre los Gobiernos de España y Marruecos calculan, sin embargo, que el número es aún mayor y asciende a 2.500 temporeras, según detalla EFE. Se trataría de un 17% del total de las 15.134 mujeres que este año han trabajado en los campos onubenses.

Las cifras preocupan al Ejecutivo español y también al marroquí, que se han reunido en dos ocasiones para estudiar mejoras en el modelo de contratación en origen y evitar que se convierta en “una falsa puerta de entrada” para la inmigración irregular.

En la campaña de 2016-2017 se quedaron 521 temporeras, un 11% del total de 4.500 mujeres. El porcentaje también supera los registros de años anteriores: desde 2012, el primer año del que hay dato oficial, el número de no retornadas oscilaba del 2% al 6%.

“Estamos poniendo mucho interés en Huelva porque sabemos que ha habido fallos y no queremos que se repitan”, afirman en la Secretaría de Estado. Las deficiencias identificadas no se refieren únicamente a las mujeres que decidieron quedarse, sino también a quejas recibidas por las condiciones de trabajo y alojamiento en pequeñas explotaciones agrícolas, que además impidieron el acceso para su fiscalización.

El de Huelva es actualmente el único modelo de inmigración temporal de España y no conviene que falle en un Gobierno que en sus discursos apuesta por ampliar vías de inmigración ordenada y legal. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, incluyó este asunto entre las prioridades de su visita a Rabat este lunes y martes.

“No vamos a regularizar”
Los fallos ya comenzaron a percibirse en mayo, con la campaña iniciada, cuando medio centenar de mujeres no apareció o dejó de ir a los campos. Así lo constataron a este periódico fuentes diplomáticas en Marruecos y los propios empresarios de la fresa.

El diagnóstico, aunque más amplio, pasa por la acelerada selección de las candidatas de la que se encarga la agencia marroquí de promoción de empleo Anapec. El perfil requerido para este trabajo busca, precisamente, que las marroquíes vuelvan a sus hogares: mujeres menores de 40 años, casadas o viudas y con hijos pequeños a su cargo. Pero la campaña de este año demandó el triple de trabajadoras, un récord, y el reclutamiento y las entrevistas se hicieron a toda prisa y los requisitos se relajaron, según fuentes conocedoras del proceso.

El mensaje del Gobierno es claro: “No vamos a regularizar”. El Ejecutivo no quiere dar ventaja a las mujeres que deciden no regresar e, incluso, estudia si es posible obstaculizar una futura legalización de su situación. Por el contrario, quiere transmitir que, si las jornaleras cumplen, se les darán facilidades. Para fomentar que las mismas mujeres vuelvan cada año a Huelva se baraja un visado de múltiples entradas. El permiso no necesitaría renovarse cada año, como ahora, y ahorraría burocracia y tasas a las candidatas.

Respecto a los empresarios, responsables de las condiciones de trabajo, se les ha exigido un compromiso de transparencia para que las autoridades puedan comprobar que el lugar de acogida reúne requisitos mínimos de habitabilidad. También se trabaja en con la idea de enviar mediadores a los campos que puedan atender a las trabajadoras en su idioma ante cualquier problema.

DISCRIMINACIÓN EN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
Codenaf, una organización gestionada por inmigrantes de Marruecos, ha pedido que se revisen los requisitos de selección de las trabajadoras de la fresa. La entidad defiende que los criterios basados en las cargas familiares de las mujeres son discriminatorios y que “se ha demostrado que no son garantía de retorno”. La organización pide que se entiendan los motivos de las mujeres para quedarse. Entre ellos está “el miedo a no volver en las siguientes campañas”, pero también un proyecto migratorio propio, “que ningún requisito o protocolo puede detectar, y por el que no se las puede criminalizar”.

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